La Corte de Apelaciones de Londres impidió que Gran Bretaña se convirtiera en otro de los países del mundo en legalizar la eutanasia, tras sentenciar en contra de dos personas con discapacidades severas, quienes buscaban modificar las leyes de suicidio asistido para poder morir “con dignidad”.

El británico Paul Lamb, de 58 años y oriundo de la ciudad de Leeds (norte de Inglaterra), quedó paralizado del cuello a las piernas tras un accidente automovilístico grave que sufrió en una carretera inglesa en 1990.

Lamb padece el llamado síndrome de enclaustramiento (locked-in syndrome, en inglés), producido por una lesión en el tallo cerebral a nivel de la protuberancia anular.

Se trata de una condición en la que el paciente está alerta y despierto pero no puede moverse o comunicarse verbalmente debido a una completa parálisis en la mayoría de los músculos voluntarios del cuerpo, excepto de los ojos.

En los últimos diez años, Lamb buscaba que un médico lo ayudara a morir, pero bajo la ley actual ese profesional de la salud cometería un delito grave y, por ende, se arriesgaría a terminar en prisión.

El sistema legal en este país ha fallado a varias personas que buscaban ayuda para poder suicidarseEl exobrero de la construcción trató de conseguir un dictamen judicial que le diera a los doctores una defensa contra cargos de asesinato premeditado, tras afirmar que vive desde hace 23 años con dolores constantes y con atención médica las 24 horas para alimentarse y hacer sus necesidades básicas.

El británico no puede mover ninguna de sus extremidades, excepto un leve movimiento con su mano derecha. Su parálisis casi completa significa además que no puede tomar los recaudos necesarios para suicidarse, por lo que necesita de un médico o profesional de la salud para un procedimiento de este tipo.

Lamb, que está divorciado y tiene dos hijos adolescentes, perdió finalmente su batalla judicial, y de esa manera se le impedirá -según él- poner fin a su vida “de forma digna”. “No tengo confianza porque he visto cómo funciona el sistema legal en este país. Le ha fallado a varias personas que buscaban ayuda para poder suicidarse”, afirmó el británico fuera del tribunal londinense. “Siento que el sistema legal no te escucha y que debería hacerlo más”, agregó.

Su caso es apoyado por la Asociación Humanista Británica, que quiere establecer el derecho para que un médico asista en suicidios en ciertas circunstancias, principalmente en el caso de enfermedades terminales o neuro-motoras graves.

El segundo hombre, que por razones legales solo es conocido con el nombre de “Martin”, buscaba también modificar el procesamiento por suicidio asistido.

“Martin”, quien como Lamb  padece el síndrome de enclaustramiento tras haber sufrido una apoplejía masiva en agosto de 2008, no logró que la Fiscalía General de Gran Bretaña permitiriera que profesionales de la salud lo ayudaran a quitarse la vida.

El hombre, que no puede hablar y que está virtualmente imposibilitado para moverse, califica su vida como “intolerable, indigna y penosa” y sostuvo que ahora no se le permitirá “un suicidio digno”.

Esta no es la primera vez que británicos llevaban a los tribunales sus casos de eutanasia. La inglesa Diane Pretty, quien había sido diagnosticada con una enfermedad terminal neuro-motora y que finalmente falleció el 11 de mayo de 2002, también trató de conseguir el permiso legal. La británica buscaba que las cortes le dieran a su esposo Brian, inmunidad para ser procesado si la ayudaba a morir en un suicidio asistido.

La mujer sufría además de esclerosis múltiple y había desafiado en los tribunales la falta de claridad en la ley de suicidio asistido en el Reino Unido. A pesar de haber ganado su caso, la ley no fue modificada.

Tanto el grupo británico Scope, que defiende los derechos de personas discapacitadas, como entidades antieutanasia, argumentan que la legislación actual protege a las personas más vulnerables de ser asesinadas, por ejemplo, en el caso de que haya herencias o fortunas disputadas de por medio.

En Escocia no existe una ley específica sobre suicidio asistido, aunque en teoría una persona puede ser procesada bajo la legislación de homicidio. La ley en Irlanda del Norte es casi idéntica a la de Inglaterra y Gales.

La eutanasia es ilegal en el Reino Unido. Cualquier persona hallada culpable de asistir en el suicidio de otro viola la ley y puede ser procesada por eutanasia o intento de eutanasia.

Entre 2003 y 2006, el lord laborista Joel Joffe intentó en cuatro oportunidades introducir proyectos legislativos que legalizaran la eutanasia voluntaria, aunque en todos los casos dichas propuestas fueron rechazadas por el Parlamento británico.

El debate actual por la eutanasia en Gran Bretaña ocurre cuando un mayor número de británicos religiosos se muestra a favor del suicidio asistido.

Según un sondeo dado a conocer el pasado 30 de abril por el periódico inglés The Guardian, la mayoría de las personas creyentes en el Reino Unido apoya la eutanasia.

La encuesta, elaborada por la consultora YouGov para el “think-tank” Westminster Faith Debates, y que consultó a 4.500 británicos, concluyó que solo entre los musulmanes y los bautistas existe una negativa mayoritaria de modificar la ley que prohíbe el suicidio asistido.

Por el contrario, indicó que la mayoría de los anglicanos, católicos, judíos, hindúes, sikhs, metodistas y pentecostales están  a favor de que haya cambios en la ley.