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El Tribunal calificó de ‘aceptable’ la participación ciudadana

Guatemaltecos votaron por un nuevo gobierno

Una mujer deposita su voto en un colegio electoral en Ciudad de Guatemala. AFP
Una mujer deposita su voto en un colegio electoral en Ciudad de Guatemala. AFP
07 de septiembre de 2015 - 00:00 - AFP y Prensa Latina

Con pequeños incidentes, reportados por la prensa local, se desarrollaron ayer las elecciones generales en Guatemala, tras la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, quien enfrentará un juicio penal por su presunto vínculo con una red de defraudación aduanera.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rudy Pineda, dijo en la mañana que “la participación (votantes) es aceptable”, aunque las previsiones de abstención eran altas.

Más de 7,5 millones de guatemaltecos fueron convocados para elegir al presidente, vicepresidente, 338 alcaldes, 158 diputados y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

El empresario derechista Manuel Baldizón, el comediante Jimmy Morales y la socialdemócrata Sandra Torres aparecen como los mejor posicionados entre los 14 candidatos a presidente, según las encuestas de intención de voto. Los sondeos vaticinaron que ninguno de ellos obtendrá más de la mitad de los votos válidos, en cuyo caso será necesario realizar una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.

La de ayer fue la octava elección presidencial desde 1986 y en las 7 anteriores el presidente fue elegido en balotaje.

“El voto es un deber y un derecho para poder exigir”, afirmó el presidente interino, Alejandro Maldonado -quien juró su cargo el jueves pasado y completará el mandato de Pérez Molina hasta el 14 de enero próximo-, luego de votar.

Maldonado llamó ayer al Congreso a aprobar “antes de la segunda vuelta de octubre” las nuevas leyes electorales y de partidos políticos, que regulan los ingresos de los candidatos para evitar la corrupción y los fondos ilegales.

Los comicios se desarrollaron en un ambiente de desencanto con la clase política del país, profundizado por el escándalo sobre una banda de defraudación aduanera destapada el 16 de abril por la Fiscalía y la Comisión de la ONU contra la Impunidad (Cicig).

Desde entonces se realizaron manifestaciones masivas que exigieron la renuncia de Pérez y su vicepresidenta Roxana Baldetti. La funcionaria dejó el cargo el 14 de mayo y está detenida, mientras el mandatario, acorralado por las acusaciones que lo señalan como cabecilla de la red, cedió a la presión popular y renunció el pasado miércoles. (I)

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