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Guatemala quiere legalizar la amapola

Guatemala quiere legalizar la amapola
18 de diciembre de 2013 - 00:00

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunció ayer que su Gobierno explora la posibilidad de regular en el país la siembra de la amapola, materia prima del opio y la heroína, como una de las nuevas alternativas de su administración para hacer frente al problema de las drogas.

“Estamos explorando las capacidades que podríamos tener para una siembra controlada de la amapola, que ahora es cosechada de forma ilegal por miles de campesinos pobres en las zonas del noroeste del país, fronterizas con México”, mencionó ayer Pérez Molina en declaraciones a medios locales.

El gobernante, un general retirado del Ejército, precisó que realizarán estudios para determinar exactamente qué extensiones son las que se están sembrando y cuál sería la producción total.

“Vamos a ir encontrando dónde está el mercado (de la amapola), cuáles son los controles que tendríamos que aplicar, qué capacidad es la del mercado”, añadió Pérez.


Los mecanismos de venta y distribución de la amapola, aseguró, también serían controlados y el destino sería especialmente para usos medicinales, indicó.

Desde febrero de 2012, el mandatario guatemalteco promueve una discusión internacional sobre la búsqueda de mecanismos para el combate al narcotráfico, entre ellos la legalización de las drogas.

Por su parte, el ministro guatemalteco del Interior, Mauricio López Bonilla, expresó que la legalización de la siembra de la amapola planteada por el mandatario es solo una propuesta, ya que también se analiza la creación de un programa de cultivos sustitutos.

Ese programa -indicó- beneficiaría a los campesinos pobres que se dedican a la siembra de amapola en amplios terrenos comunitarios de una decena de comunidades campesinas ubicadas en la zona fronteriza con México.

En lo que va de este año, las fuerzas de seguridad de Guatemala han destruido plantaciones de amapola cultivadas en 2.558 hectáreas del departamento de San Marcos, noroeste del país, valoradas en unos 3.200 millones de dólares, según la información oficial.

De acuerdo con las autoridades, los narcotraficantes mexicanos obligan a los campesinos pobres que habitan las zonas fronterizas a dedicar sus tierras al cultivo de amapola y marihuana, que una vez cosechadas son trasladadas a México, en donde las procesan para luego enviarlas a Estados Unidos.

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