Doce años después de la llegada de los 20 primeros detenidos a la cárcel de Guantánamo, el 11 de enero de 2002, la prisión encierra todavía a 154 hombres de los 779 que estuvieron encarcelados allí. La mayoría de ellos aprehendidos en Afganistán durante la invasión a este país, que siguió a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Gobierno estadounidense para que cierre esa cárcel, considerando que ha fallado en su deber de garantizar el derecho a la libertad de las personas detenidas en la Base Naval de Guantánamo, de propiedad de Estados Unidos, pero ubicada sobre la costa sudeste de Cuba.

El Pentágono anunció el año pasado una revisión de los numerosos prisioneros de Guantánamo que no enfrentan cargos criminales, en sus esfuerzos por cerrar la prisión. Pero el Gobierno estadounidense no ha dicho cuántos de los 154 prisioneros serán examinados.

Esos 154 hombres representan menos de un cuarto de un máximo de 680 detenidos al mismo tiempo en 2003. Son oriundos de alrededor de 20 países, más de la mitad de ellos yemeníes. Las otras nacionalidades más representadas son la afgana, argelina y saudí.

De los detenidos actualmente en Guantánamo, 76 recibieron una ‘aprobación de transferencia’ de la autoridad militar, en casi su totalidad desde 2010, lo que significa que en teoría son excarcelables. Pero permanecen presos en ausencia de países que los acepten como refugiados.

Más de 600 fueron repatriados o transferidos hacia otros países. Según el Pentágono, cerca de 25% de ellos “recomenzaron o se sospecha que reanudaron una actividad terrorista o de rebelión” luego de su liberación.

Los traslados registraron una aceleración en los últimos meses. Los últimos fueron hacia Argelia, Arabia Saudita y Sudán. Los últimos 3 fueron enviados a Eslovaquia en diciembre de 2013. Existen negociaciones en curso o concluidas con Uruguay, Colombia, Brasil y Alemania para recibir a algunos detenidos.

Unos 45 de estos no recibieron la ‘aprobación de transferencia’. Son considerados demasiado peligrosos para ser liberados, pero no pueden ser juzgados por falta de pruebas en su contra. Los casos de 3 de ellos son revisados por un ‘Periodic Review Board’ (Panel de revisión periódica), creado por Barack Obama en 2011, en el marco de sus planes para cerrar la prisión. Otros 20 podrían, por el contrario, ser juzgados.