El Gobierno de Colombia pidió la nulidad del fallo del máximo tribunal constitucional del país que en mayo avaló cambios en las leyes para implementar el acuerdo con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que busca superar medio siglo de conflicto armado.

“Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la nulidad de la sentencia C-332 de 2017, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional el pasado 17 de mayo de 2017”, explicó Juanita López, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en una carta dirigida al tribunal divulgada ayer.

López se refirió a un fallo de la Corte Constitucional en el que rechazó dos apartados del Acto Legislativo para la Paz, una iniciativa aprobada en diciembre para facilitar el desarrollo normativo que permita aplicar el acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, alcanzado tras cuatro años de negociaciones en Cuba.

En su fallo, la Corte decidió que los proyectos de ley para la paz no son intocables y determinó que tampoco se pueden votar en bloque en el Congreso.

Tanto el Gobierno como las FARC, principal y más antigua guerrilla del continente, deploran la sentencia, que consideran dificulta la implementación del acuerdo.

El acto legislativo establece un mecanismo de vía rápida (“fast track”) que permite reducir el número de debates para la validación de las normas relacionadas con el pacto con las FARC.

Por otra parte, ayer un soldado murió y otros 3 resultaron heridos en Colombia tras la detonación de un artefacto explosivo atribuida por las autoridades al Ejército de Liberación Nacional (ELN), única guerrilla activa del país y que negocia la paz con el Gobierno.

Según el Ejército, los hechos ocurrieron la noche del jueves en el municipio de Tame, fronterizo con Venezuela, cuando unidades militares cruzaban un puente en un vehículo de construcción Kodiak y los rebeldes detonaron “artefactos explosivos improvisados”. (I)