Como se esperaba, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) contra los bancos españoles que aplicaron “cláusula suelo” en sus contratos inmobiliarios ha provocado un terremoto de magnitudes colosales.

Mientras miles de ciudadanos afectados llevan varias semanas exigiendo la inmediata devolución del dinero extra que pagaron entre 2009 y 2013, las empresas financieras prolongando el proceso e incluso, como el Banco Sabadell, cuestionando el fallo del TJUE en base a la trasparencia con la que actuó con sus clientes.

Por el momento, los únicos beneficiados en este complejo embrollo jurídico que afecta a más de 1,4 millones de ciudadanos, muchos de ellos ecuatorianos, son los grandes bufetes de abogados cuyos teléfonos “no dejan de sonar día y noche para que nos hagamos cargo de todos los trámites”, señalaba a este diario un letrado adscrito a una firma especializada en este tipo de litigios.

Por su parte, el gobierno de Mariano Rajoy se ha limitado a aprobar por decreto esta misma semana una ley que pretende ayudar a resolver “con celeridad” la devolución del dinero de más que buena parte de la banca española se embolsó a través de esas hipotecas.

“La finalidad depende de la buena voluntad de las partes”, indicaron ayer fuentes del ministerio de Economía, que recalcan que se trata de una norma “garantista” para el consumidor y, al mismo tiempo, pretende evitar el “colapso” de la justicia.

Para empezar, las entidades bancarias tienen un plazo de tres meses para resolver un procedimiento administrativo que será gratuito para el demandante.

“La relación que mantengan ambas partes durante este proceso es una cuestión privada y personal en la que el Gobierno ya no puede entrar”, señaló el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la presentación del decreto ley que regirá el pago de los aproximadamente 4.200 millones de euros ($ 4.507 millones) que recaudó la banca durante los 4 años que ofrecieron créditos al margen del Euribor, el principal índice de referencia hipotecario en España.

Tampoco se establece un plazo límite para presentar las reclamaciones. El cliente puede hacerlo de manera inmediata o esperar, si desea, a dentro de ocho meses.

Sin embargo, una vez puesto en marcha el mecanismo, es decir, que la entidad acepte el requerimiento del cliente, los bancos dispondrán de un mes para abonar no solo la cantidad pagada de más por la cláusula suelo sino también los intereses de demora que correspondan. La devolución será en efectivo y podrán acogerse todas aquellas personas afectadas aunque hayan cancelado su hipoteca.

La asociación para la defensa de consumidores y usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) considera que esta medida del gobierno “es un peligro para los clientes y un regalo para la banca”.

Sin embargo, en solo cuatro días que lleva en vigor han comenzado a apreciarse grietas en la normativa que van a dificultar su implantación. El más importante es que se trata de un proceso voluntario. Es decir, ningún banco está obligado a sumarse a este reglamento y, por lo tanto, a cumplirlo. Y a la vista de la disparidad de criterios en el sector financiero sobre la forma de encajar la onda expansiva de las “cláusulas suelo”, las dificultades de alcanzar un consenso son más que elevadas.

Las posiciones oscilan entre aquellos que mantienen su actitud de que “actuaron con transparencia y sus clientes sabían qué riesgos asumían al firmar las hipotecas” hasta otros que retiraron las cláusulas abusivas en cuanto hubo sospechas de su ilegalidad. Millones de afectados esperan que los bancos faciliten un acuerdo para la devolución de su dinero sin tener que acudir a los tribunales. (I)