Entregan los restos de campesinos desaparecidos durante dictadura chilena

15 de julio de 2011 - 16:23

 El Servicio Médico Legal (SML) de la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, entregó este viernes a sus familiares los restos óseos de 5 de los 17 campesinos detenidos desaparecidos al inicio de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

La directora regional del SML, Patricia Benhe, explicó a los periodistas que se pudo entregar los restos de estas víctimas gracias a un exhaustivo proceso de identificación realizado por ese organismo chileno y por laboratorios extranjeros acreditados.

Los 17 campesinos de la localidad de Chihuío, en la zona de la cordillera de Valdivia y en la frontera con Argentina, fueron detenidos en sus casas por soldados de los regimientos "Cazadores" y "Maturana", acusados de ser opositores del régimen militar.

Los campesinos, entre los que había un niño de diez años, fueron trasladados al sector los Baños de Chihuío, donde fueron ejecutados y sepultados clandestinamente.

La investigación judicial estableció que unos años después los cadáveres fueron exhumados, también clandestinamente, pero en 1990 esqueletos que presuntamente correspondían a las víctimas fueron hallados en el cementerio de la ciudad de Valdivia, a 835 kilómetros de Santiago.

El pasado 28 de enero, la Corte Suprema aumentó las condenas contra dos militares chilenos retirados por el asesinato de estos 17 campesinos en la dictadura militar.

Al coronel retirado Luis Osorio Gardasanich, la Justicia chilena lo condenó a diez años de prisión, como autor de los homicidios, mientras al oficial retirado Luis Osses lo condenó a tres años y un día de cárcel en calidad de cómplice de cuatro homicidios.

De este modo, el tribunal aumentó las penas de la sentencia que dictó en 2007 el ministro en visita Jorge Zepeda, que condenó a siete años de cárcel a Osorio y a tres años de prisión a Osses, aunque a este último se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

En 2005, ambos militares habían sido condenados a diez años de cárcel por el juez Alejandro Solís, pero la resolución del magistrado fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, por considerar insuficientes los datos sobre la identidad de las víctimas.

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