Una norma que suspende órdenes de captura y ejecución de condenas para unos 25.000 desmovilizados, en su mayoría ex paramilitares, por delitos distintos a los de lesa humanidad, entró en vigor ayer  en Colombia, tras la sanción de su reglamento.

La ley, que había sido promulgada a fines de 2010, quedó lista con el reglamento que sancionó el presidente Juan Manuel Santos  en busca de garantizar que se cumpla el compromiso de paz adquirido con las personas que dejaron las armas, informó el Ejecutivo.

La ley busca cubrir un vacío existente en la legislación aprobada tras el proceso de negociación de paz con los grupos paramilitares de extrema derecha, realizado entre 2003 y 2006, que culminó con la desmovilización de unos 32.000 hombres en armas.

En ese momento, el Congreso aprobó una ley de Justicia y Paz que otorga beneficios procesales a los desmovilizados sindicados de delitos de lesa humanidad, entre otros, penas máximas de prisión de ocho años, siempre y cuando confesaran la verdad y repararan a sus víctimas.

Pero el resto de los combatientes permanecía hasta ahora en un limbo jurídico, ya que a pesar de haberse desmovilizado, en algún momento podrían ser llamados a juicio por otro tipo de delitos, lo que llevó a algunos, según el gobierno, a regresar a la ilegalidad. AFP