Bogotá.-

Uno a uno han ido cayendo y ya suman 199 muertos en 22 meses. Nadie sabe quién los está matando, pero lo cierto es que en Colombia proteger desde el agua hasta los derechos humanos está costando la vida, reconoce el defensor del pueblo, Carlos Negret.

Y lo más desconcertante: son muertes en tiempos de paz. Desde enero de 2016, cuando la entonces poderosa guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estaba en tregua unilateral, hasta la fecha, en la que ya dejó las armas y se convirtió en partido político, han muerto casi 200 líderes sociales.

Los están asesinando porque “son defensores del agua, son defensores para que no haya minería ilegal; son defensores para que no haya reclutamiento (de menores), son defensores para que no se cultive hoja de coca en sus zonas”, afirma Carlos Negret .

“Esas son las razones por las cuales están asesinando, ahora lo que necesitamos saber es quién los está matando”.

Este abogado, de 55 años, es uno de los funcionarios con más credibilidad en asuntos de derechos humanos. Aunque su oficina está en Bogotá, la capital donde el conflicto armado de más de medio siglo puede ser un rumor llegado de lejos, Negret viaja cada tanto a las zonas donde la violencia no termina aún.

Incluso con el desarme de la que fuera la más antigua y poderosa guerrilla de América, todavía están activos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) -un grupo guevarista en diálogos de paz -, disidentes de las FARC y bandas de origen paramilitar dedicadas al narcotráfico y la extracción ilegal de oro y coltán.

El gobierno de Juan Manuel Santos, que se comprometió en los acuerdos de paz firmados en noviembre de 2016 a proteger a los excombatientes y a los activistas de derechos fundamentales, difiere con las cifras de la Defensoría del Pueblo.

Según Negret, algunos de los muertos no son considerados líderes sociales porque, bien militan en algún partido de izquierda o forman parte de algún órgano comunitario de gobierno.

Más allá de las diferencias en la categorización de las víctimas, el defensor del pueblo espera que sea la fiscalía la que concluya si esos homicidios son parte de una campaña sistemática, de momento negada por el gobierno aunque denunciada por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido de los rebeldes surgido de los pactos de paz.

Pero lo evidente es que los líderes sociales están siendo asesinados allí donde hay minería ilegal, recursos naturales o narcocultivos de coca o marihuana. Pero como ya el Estado y las FARC no están enfrentados, “el actor es un tercero que no podemos identificar” sostiene Negret.

Las víctimas

Entre las 199 víctimas que maneja la Defensoría del Pueblo hay negros, indígenas y mujeres.

La más reciente fue José Jair Cortés, un dirigente negro de 38 años, con esposa y sin hijos que fue muerto a balazos el 17 de octubre en Tumaco, el municipio con más narcocultivos de este país, que es a su vez el que más produce y exporta cocaína en el mundo.

Amenazado de muerte, Cortés alentaba la sustitución de los plantíos de coca y estaba bajo un esquema de protección que incluía un chaleco antibalas y un celular.

En enero Emilsen Manyoma y su esposo Javier Rodallega fueron acuchillados en Buenaventura. Manyoma, de 31 años,  denunció la presencia de paramilitares y el tráfico de drogas en ese puerto sobre el Pacífico.

Al líder indígena Ezquivel Manyoma lo mataron el 7 de octubre en el selvático departamento de Chocó. El asesinato de Manyoma fue atribuido por su comunidad a grupos paramilitares que buscan control territorial.

“Sigue siendo peligroso ser defensor de derechos humanos y ser líder social porque las cifras son tozudas”, enfatiza Negret.

Pese a los dos centenares de homicidios, el ombudsman reconoce que sin el acuerdo con las FARC “los homicidios serían superiores”.

Pero llama la atención porque, según señala, el gobierno no atiende un sistema de alertas tempranas de su oficina ideado para evitar las vulneraciones a los derechos humanos, que el pacto de paz pretende impulsar.

Ahora espera resultados del compromiso oficial de fortalecer este mecanismo tras la ola de asesinatos.

Aunque recuerda con cierta impotencia que en marzo alertaron al gobierno de amenazas contra dos líderes. Obtuvieron respuesta oficial cuatro meses después, cuando a ambos su activismo ya les había costado la vida.

“Si hubieran visto la alerta temprana de pronto (...) aún estarían aquí trabajando”, afirma. (I)