“En la lucha contra la corrupción hay 1.000 funcionarios detenidos”

- 25 de febrero de 2018 - 00:00
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana en Guatemala.
Foto: cortesía

Hay grupos que atacan a la comisión, pero todos temen ser investigados por ella.

Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana y representante regional de la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI), habló con EL TELÉGRAFO sobre los resultados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La semana pasada el expresidente de Guatemala, Álvaro Colom y 9 de sus exministros fueron detenidos por peculado.

Ellos fueron acusados de peculado y fraude por un proyecto de transporte urbano. En la investigación se comprobó que 35 millones de dólares del erario público fueron a parar en cuentas de empresarios,  asociados a esos transportistas.

Ese caso es uno de los que ha investigado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Esta comisión fue creada en el 2006 por un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno guatemalteco, que investiga los delitos de cuello blanco y tiene independencia. El titular de es el Ministerio Público, que tiene independencia y está conformado por 50 personas de distintas nacionalidades. Si cualquier país de la región tuviera una comisión así se verían los resultados como en mi país. La corrupción es parte del ejercicio del poder en Latinoamérica. Por eso lo que ocurre en Guatemala es único; ya han detenido a más de 100.000 funcionarios por corruptos, entre ellos a dos expresidentes y hay procesos abiertos contra otros cinco mandatarios.

¿La creación de la comisión fue un pedido del Gobierno?

Fue un pedido de la sociedad civil que cuajó después de más de 8 años de negociación y de 6 para que diera frutos. Fue una exigencia de los ciudadanos que estaban hartos de la corrupción, de la impunidad y de la falta de castigo para los funcionarios que usaron el poder. Es un experimento bueno, pero un mal ejemplo para otros países a los que no les gusta la idea.

Pero se requiere voluntad política para combatir el peculado, la concusión, el tráfico de influencias...

En Guatemala actúa siempre el Ministerio Público en estos casos y se requiere voluntad política. En Honduras hay otro modelo, es una asesoría de la OEA que no ha dado resultados. Tenemos la Ley de Extinción de Dominio con la que se recuperaron bienes robados: avionetas, aviones, fincas y casa de lujo. (I)

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