"La justicia es la única que puede resarcir el pesar por nuestros muertos", dijo Dorila Márquez este sábado durante los emotivos actos para conmemorar los 35 años de la masacre de El Mozote, cometida por el ejército salvadoreño contra más de 1.000 civiles en 1981.

Los ojos claros de Márquez se humedecen al recordar que diez miembros de su familia fueron asesinados, entre ellos su madre Clementina Argueta, su padre Cesario Márquez y su hermana Hilda, el esposo de ésta y sus dos niños.

Sin embargo, a esta mujer de 60 años, de piel blanca y 1,70m de estatura, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de El Mozote, la nostalgia no la ha derrotado.

"Para mí es doloroso recordar, pero nuestros muertos nos dan la fortaleza para no dejar morir la historia de esta terrible masacre en la que ni los niños se salvaron", declaró a la AFP.

Bajo ráfagas de viento, centenares de salvadoreños participaron en el acto central de este aniversario, coreando la consigna "El Mozote nunca más".

"Bienvenidos a este lugar de mucha tristeza", exclamó Márquez al inicio de la ceremonia, en esta pequeña comunidad ubicada a unos 200 km al noreste de San Salvador. "Esta desgracia que ocurrió aquí no se la deseamos a nadie".

El vicepresidente Óscar Ortiz, que presidió el acto, señaló que las "terribles masacres" representaron "uno de los momentos más oscuros" del conflicto armado que vivió el país. Dos de sus hermanos desaparecieron a manos de los cuerpos de seguridad, recordó.

Uno de los momentos que concentró la mirada y el silencio de los presentes fue el ingreso de las osamentas de las últimas exhumaciones, que llegaron en 21 ataúdes blancos colocados en el estrado principal.

La masacre de El Mozote fue perpetrada entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), por soldados del proscrito Batallón Atlacatl del Ejército.
Sus miembros arremetieron contra niños, mujeres, ancianos y algunos hombres, acusándoles de colaborar con la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, en el poder desde 2009 tras convertirse en partido político).

Una Comisión de la Verdad creada en 1993 por la ONU para investigar los crímenes cometidos culpó de la masacre al comandante del Batallón Atlacatl, el coronel Domingo Monterrosa, al jefe de operaciones, Armando Azmitia, y a otros seis oficiales.

Monterrosa y Azmitia murieron a 5 km de El Mozote el 23 de octubre de 1984, a bordo de un helicóptero saboteado por la guerrilla.

Las autoridades no han condenado a nadie por esta masacre, cuya crueldad conmovió al mundo.

Pero el coordinador de la oficina de Tutela Legal María Julia Hernández, Ovidio Mauricio, celebra que se haya abierto un proceso contra los militares, luego de que la Corte Suprema de Justicia salvadoreña declarara en julio inconstitucional una ley de amnistía que perdonó en 1993 los crímenes y que impedía investigar la masacre.

"El camino para terminar con la terrible impunidad de 35 años se inició porque buscar la justicia es un derecho constitucional que se les negó a los familiares de los masacrados", aseguró a la AFP.

Un juez de San Francisco Gotera, en el noreste del país, acordó en septiembre abrir el caso para enjuiciar a la cúpula militar de la época, encabezado por el general José Guillermo García.

El representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Centroamérica, Alberto Brunori, presente en el acto, afirmó de su lado que "no puede haber impunidad por hechos del pasado" y clamó por una "justicia pronta".

La búsqueda de osamentas de las víctimas, que inició el 14 de noviembre pasado, ha sido llevada a cabo por antropólogos forenses argentinos, acompañados de fiscales y forenses salvadoreños. A la fecha se han localizado restos de entre 40 a 45 personas.

Los que sobrevivieron quieren dar "cristiana sepultura" a los restos de sus seres queridos, pero antes se debe pasar por un lento proceso de identificación forense, explicó Wilfredo Medrano, un abogado que asesora a los familiares.

La emoción embargó El Mozote cuando los familiares de las víctimas identificadas tomaron en sus manos los pequeños ataúdes.

"Da mucha tristeza, pero gracias a Dios voy a sepultar a mi familia completa", confesó a la AFP Eustaquio Martínez, de 65 años, quien subió a un vehículos los ataúdes de su esposa Reynelda y de sus cinco hijos: Arnoldo, Edgar, Doré, Cleofás y Heriberto. El mayor tenía 12 años y el menor seis meses.

Martínez sepultará los restos de su familia el domingo en la vecina comunidad de la Joya, al pie de un monumento dedicado a las víctimas. (I)