Vagner Freitas, presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), es uno de los movilizadores contra el golpe de Estado en Brasil que está llevando a cabo la oposición en el Congreso para terminar con el mandato de Dilma Rousseff, reelecta hace 20 meses. Brazo sindical del Partido de los Trabajadores, la CUT estima que la disputa por las calles será clave en la definición de la votación del Senado sobre la destitución de Dilma. Y, según Freitas, el objetivo es muy claro: una restauración conservadora que busca eliminar la ley laboral, algo con lo que sueñan las cámaras empresariales que han financiado la campaña del juicio político.

En Sao Paulo, donde participó de la reunión de la Alianza Progresista, red de partidos de centroizquierda, Freitas habló con EL TELÉGRAFO sobre la opinión de la CUT, la central sindical más grande de América Latina, con 25 millones de afiliados, fundada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en 1983.

Cómo observa el escenario hoy, a dos semanas de la votación crucial en el Senado que puede suspender por 6 meses a Dilma y terminar con el gobierno del Partido de los Trabajadores iniciado en 2003?

Vamos a combatir el golpe de Estado en las calles, diseminando información entre la población, organizando a los trabajadores, los estudiantes, todo aquel que defiende la democracia. Tenemos un Congreso conservador, dominado por conservadores financiados y sustentados por quienes quieren dar el verdadero golpe, el golpe a los trabajadores, para retirar derechos laborales. El frente internacional está haciendo mucha presión contra el golpe. La prensa extranjera está informando sobre lo que pasa en Brasil, al contrario de la cobertura parcial de los grandes medios.

La presidenta Dilma Rousseff y el expresidente Lula dicen que este momento es el más grave de ruptura institucional desde el golpe militar de 1964, que instaló la dictadura hasta 1985. ¿Que está en riesgo, además de la institucionalidad, el modelo económico?

Mire, está en juego lo más importante que tiene el trabajador, la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT). Eliminar la ley laboral vigente siempre fue el objetivo del empresariado al que le gusta explotar al trabajador.

¿Esta agenda, más neoliberal, es la que se viene en un Brasil con el gobierno interino de Michel Temer?

Absolutamente. Yo los conozco, negocio con ellos, debato con ellos la idea de sociedad brasileña. Ellos vienen diciendo que el valor del trabajo es muy alto en la cadena de la producción. Siempre dicen lo mismo. Y ahora se han puesto a financiar el juicio político, financian a diputados. Ellos son la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp) y la Confederación Nacional de la Industria (CNI). El objetivo de ellos es terminar con la jornada de trabajo, las vacaciones, el decimotercer salario. Ellos quieren eliminar la legislación y que el acuerdo laboral sea entre las partes, entre el patrón y empleado, sin ley que los moleste.

¿Cuándo han intentado esta erradicación de ley laboral que viene de la época de Getulio Vargas (1943)?

En el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) lo intentaron 2 veces y hasta derrotamos un proyecto de admitir la tercerización. Esa es la razón del golpe. El plan en el fondo es el interés del empresariado de sacar la parte de la renta que va al trabajador brasileño. Se acumuló mucho, menos de lo que a los trabajadores les gustaría, claro, pero en estos 12 años del PT la clase trabajadora ha avanzado mucho y ellos no lo toleran.

Pero el ajuste de Dilma a inicios de 2015 también enfrentó a los sindicatos con el gobierno, justamente por haber intentado modificar el seguro de desempleo.

La gran diferencia es que el gobierno de Dilma tiene diálogo. También denunciamos cuando Dilma y el ajuste fiscal del año pasado, del ministro Joaquim Levy, buscaban herir derechos, por eso criticamos en su momento. Y por eso podemos defender el mandato de Dilma ahora, porque criticamos lo que hay que criticar.

No tenemos ataduras con nadie, apenas con los trabajadores. Este golpe es contra la clase trabajadora.

¿Hay temor de violencia en las calles a medida que se define la salida de Dilma?

Espero que no, espero espacio de convivencia en todo este proceso; que el poder público (las policías de los estados) garantice el derecho a la manifestación.

Prácticamente el gobierno de Dilma carece de mayorías parlamentarias para evitar el juicio de destitución. ¿Es posible cambiar el voto de los senadores con la presión de las calles?

Las calles pueden cambiar el voto de los senadores. El político vota en el electorado, en la opinión pública. Cuando hubo la votación en la Cámara de Diputados, la opinión pública tenía otro posicionamiento. Después de lo que vimos en la votación de la Cámara, en el Senado habrá otro. Ese espectáculo horroroso de la Cámara de Diputados y la presión externa de institucionalidad hacen presión. Acá se vendió la idea de que en la calle se defendía el golpe. Y no, hay millones defendiendo la democracia.

Mirando hacia adelante. Se terminó el presidencialismo de coalición que domina la política desde la redemocratización. ¿Hay posibilidades para un frente de izquierda, menor en votos, pero menos contradictorio?

Yo soy parlamentarista, particularmente. No la CUT. La cuestión de tener gente en las calles es algo importante. Los golpistas lograron unificar a toda la izquierda brasileña, incluso la desilusionada con el PT, se une para impedir el golpe, cuando se unifica está muy fuerte. Hay un riesgo grande de tener un golpe por la composición conservadora del Congreso, pero ellos están muriendo de miedo de la presión de las calles, con la presión internacional. Están con vergüenza de lo que están haciendo, se lo están haciendo notar todos los días.

¿Cómo calificaría a Temer, que está armando su gobierno y se declaró en rebeldía?

Golpista. Lisa y llanamente, golpista. (I)

Comisión especial  del Senado es de mayoría opositora

El Senado de Brasil instaló ayer la comisión especial que debe decidir si la presidenta Dilma Rousseff responderá a un juicio político por supuestas maniobras contables que maquillaron los resultados del gobierno en 2014 y 2015, un paso que parece inevitable por la conformación mayormente opositora del cuerpo.

La comisión tendrá 21 miembros, cuyos nombres fueron confirmados, y durante los próximos 10 días deberá elaborar un informe sobre el asunto, que luego irá a votación en el pleno del Senado.

El dato curioso que citaron este lunes las agencias es que más de un tercio de los 21 senadores que integran la comisión del juicio político en el Senado es objeto de investigaciones en el Supremo Tribunal Federal, máxima corte de justicia.

Si el pleno aprueba la apertura del juicio político por mayoría simple entre sus 81 miembros, lo que puede ocurrir alrededor del 10 de mayo, Rousseff será obligada a separarse de su cargo mientras dure el proceso, que tendrá un plazo de 180 días.

En ese caso, Rousseff será sustituida por el vicepresidente y ahora opositor Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si se llegara a una destitución.

El cuerpo fue conformado en forma proporcional, en función de las bancas que cada fuerza política tiene en el Senado. El mayor número de miembros (5) recayó en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), primera minoría con 18 senadores y liderado por Temer. (I)