La Dirección Nacional de Inteligencia del Perú (DINI) está en el ojo de la tormenta. Una serie de denuncias provenientes de distintos actores políticos han puesto bajo fuertes cuestionamientos su accionar y han remecido su estructura al punto de que, hace pocos días, el propio mandatario Ollanta Humala ordenó el cierre temporal de la misma.

Esta decisión fue tomada después de que estallara el escándalo de los denominados ‘reglajes políticos’, seguimientos sistemáticos que habrían hecho los agentes de la DINI a diferentes personalidades del país, entre las que se cuenta gente de oposición y de la propia tienda política de Humala, como es el caso de la Vicepresidenta del Perú, Marisol Espinoza.

Las denuncias, emitidas a finales de enero pasado, buscan esclarecer los motivos por los que se estaba siguiendo milimétricamente a estas personas, filmando sus reuniones y observando sus rutinas diarias.

Para Humala, quien ha salido inmediatamente a desmentir cualquier tipo de relación entre su Gobierno y estas prácticas, la mejor forma de llegar a ese esclarecimiento era abriendo las puertas de la propia DINI, y permitiendo que el Congreso Nacional y el Ministerio Público investigaran con total libertad el contexto de estos hechos.

Esa disposición no alcanzó para frenar las agudas observaciones con que la oposición acompañó las denuncias. De ‘prácticas montesinistas’, fueron tildados estos seguimientos en el momento más grave de la crisis, intentando relacionarlos con los recordados ‘Vladivideos’, cintas en las que Vladimiro Montesinos registró el accionar corrupto de distintos actores políticos del Perú.   

Queriendo alejarse de esa comparación, el 9 de febrero, Humala ordenó el cierre temporal, por 180 días, de la DINI, con el objetivo de reestructurar su forma de acción y revisar el desempeño de los responsables de la misma.

La crisis encuentra a un Gobierno debilitado, disminuido en influencia política y condicionado al diálogo con la oposición que interpretó las intenciones del Ejecutivo como una aceptación flagrante de su responsabilidad en los hechos.

No es la primera vez, en lo que va del mandato de Humala, que la DINI se ve envuelta en críticas mordaces.

En 2013, tras la modificación de la Ley de Inteligencia, se dio luz verde para que la Dirección dirigiera y coordinara las acciones en el campo, superando en atribuciones a la antigua Ley en la que figuraba solo como organismo coordinador. A eso se sumó el aumento del presupuesto con el que labora esta dependencia y la adquisición de insumos tecnológicos para el cumplimento de sus tareas. “¿A dónde van a ir a parar todas esas máquinas de interceptación de llamadas, o de filmación secreta, durante esta suspensión?”, es la pregunta reiterativa con que la oposición insiste en sostener la responsabilidad presidencial en los hechos.   

Para Fernando Rospigliosi, ex-Ministro del Interior, existiría una intención de ‘evadir responsabilidades’ de parte de los directores de la DINI, por eso su cierre temporal. Además, él no confía en que se pretenda reestructurar una institución que desde hace algunos años es dirigida por los compañeros de promoción militar del presidente Humala, sino que este cierre apuntaría a limpiar cualquier prueba que incrimine a sus directivos.

Ana Jara, presidenta del Consejo de Ministros, señaló que los videos no suman la prueba suficiente para intentar incriminar al gobierno en el uso de técnicas de espionaje. Así mismo aseguró el total apoyo de parte de las dependencias del Estado en procura de una investigación completa que arroje la verdad sobre las acusaciones.

Enfrentado a este panorama el gobierno de Ollanta Humala ve crecer una nueva crisis, una más, en su manchada hoja de ruta política.