Ecuador ratificó la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados en 1958 y su Protocolo Adicional de 1967, dos años después. Estos instrumentos están reglamentados en el Decreto Presidencial No. 1182, de 30 de mayo de 2012, que norma el sistema de asilo en el país.

Este decreto eliminó la definición de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena de 1984 que era parte de la anterior reglamentación, ya  derogada.

La Constitución de la República reconoce los principios de movilidad humana y ciudadanía universal, así como “los derechos de asilo y refugio”, en el artículo 41.

Hasta septiembre de 2013, el Estado ecuatoriano había reconocido a 54.865 personas como refugiadas.  En el año 2000 había apenas 390 refugiados.

Cerca del 23% de los refugiados son niños y adolescentes.

Debido al gran número de desplazados en el país y la carencia de puestos de trabajo, la Acnur, junto a las autoridades de Santo Domingo de los Tsáchilas, la Sociedad de Ayuda a Inmigrantes Hebreos (HIAS, por sus siglas en inglés), el Servicio Jesuita para Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés) y entidades del sector privado, lanzaron el Modelo de Graduación.

El proyecto piloto facilita la obtención de medios de vida sostenibles ya que fomenta el autoempleo, el empleo formal y las microfinanzas para crear oportunidades laborales.

Según Manuel Dos Santos (foto), máxima autoridad de la Acnur en Ecuador, esto va más allá de los simples programas de asistencia, tienen un enfoque más orientado al empoderamiento, donde se ofrece apoyo al consumidor, asistencia legal, educación financiera y entrenamiento profesional a los refugiados.

Al ingresar a Ecuador, en algunas ocasiones, los refugiados han sufrido casos de discriminación. (I)