La justicia egipcia acusó ayer a varias organizaciones no gubernamentales nacionales y foráneas de practicar actividades políticas de manera ilegal, tras ser investigadas por su supuesta financiación extranjera.

Uno de los magistrados encargados del caso, Sameh Abu Sid, explicó que esos grupos no son organismos de la sociedad civil, sino que  se dedican a asuntos políticos y funcionan de “manera ilegítima”.

Además, el juez argumentó que tales entidades son internacionales, puesto que tienen sedes en varios países y se financian con fondos extranjeros que han aumentado  desde la revolución que obligó a renunciar al presidente Hosni Mubarak, el pasado 11 de febrero.

El responsable de la investigación detalló que los empleados de esas organizaciones no tenían permisos de trabajo, sino visados de turistas, lo que también vulneraría las leyes egipcias.

Abu Sid reiteró ayer la obligación de los acusados de permanecer en el país, en contra de la petición de Estados Unidos, que ha expresado su malestar por este asunto y ha amenazado con retirar la ayuda económica a Egipto.