José Miguel Vivanco, director para las Américas de Humans Right Watch (HRW), entidad de defensa de Derechos Humanos con sede en Washington, cuestionó el accionar del autoproclamado gobierno de de Jeanine Áñez por el uso desproporcionado de la fuerza contra seguidores de Evo Morales.

“Áñez no debe olvidar que asumió el cargo sin un solo voto. Su misión es llamar a elecciones justas a la mayor brevedad”, concluyó Vivanco.

El viernes, los enfrentamientos entre las fuerzas del orden contra las manifestaciones que rechazan a Áñez elevaron a nueve el número de fallecidos. Los heridos superan los 115, mientras que las represiones y secuestros a exfuncionarios de Morales y sus familiares  aumentan las denuncias.

La convulsión social en Bolivia no ha remitido con la renuncia de Evo Morales y la toma de posesión de un Gobierno interino. El número de fallecidos supera los 22, mientras que existen 550 heridos y 44 detenidos. Las protestas se iniciaron tras las elecciones del 20 de octubre.

“Actualmente nosotros tenemos ya siete fallecidos (...), hay un hermano que lamentablemente está agonizando por un vaciado cerebral y él penosamente va a fallecer”, explicó Nelson Cox, representante de la Defensoría del Pueblo en la región central de Cochabamba.

De acuerdo con Cox, los enfrentamientos se registraron el viernes en una carretera entre las ciudades de Cochabamba y la vecina Sacaba. La Defensoría del Pueblo denunció que “se han incumplido protocolos” y estándares de seguridad internacionales.

En contraparte, el actual Gobierno defiende que los choques son provocados por  cocaleros afines a Morales y a las fuerzas militares y policiales. Ellos realizan  sus operaciones conjuntas -desde el pasado lunes- para mantener el orden ante la ola de violencia desatada en Bolivia.

De acuerdo con la BBC, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también expresó su condena al “uso desproporcionado de la fuerza militar y policial”.

El organismo compartió a través de su cuenta de Twitter numerosos videos y fotografías que muestran el alto grado de dureza en las represiones.

La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Michelle Bachelet, condenó las muertes.

Bachelet pidió ayer que policías y militares actúen de acuerdo a las normas internacionales que rigen el uso de la fuerza desde una perspectiva de respeto de derechos humanos.

Además, la ONU demandó de las autoridades que se investiguen todos los casos.

Ante el llamado de la chilena, ayer el ministro boliviano interino de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que ha pedido a la Fiscalía una investigación “transparente” sobre cómo ocurrieron las muertes de nueve personas.

Por otra parte, el periodista de BBC Mundo Boris Miranda, señaló que la polarización en el país llegó a tal extremo que todos los días se discute sobre quiénes son los responsables de la violencia, los seguidores de Morales o sus detractores.

Miranda indicó que otro de los factores comunes en la crisis vigente es la información tergiversada que divulgan ambos sectores.

Áñez, quien asumió el cargo, reiteró que la meta de su Gobierno provisional consiste en convocar elecciones “justas y transparentes”, pero evitó aclarar cuándo se celebrarán. Diario El País indicó que ni siquiera fijó un horizonte, aunque la Constitución le da tres meses para determinar una fecha. (I)