La pandemia del covid-19,  que a comienzos de noviembre de 2019  impactó  en las localidad china de Wuhan y posteriormente se extendió en Asia y Europa hasta llegar a todo el continente americano,  no fue tomado  con seriedad en Estados Unidos, que minimizó  la gravedad de este impacto  reaccionando tardíamente  en las medidas de protección y prevención.

Esto acarreó las consecuencias ya conocidas hasta el momento, puesto que encontró una crisis estructural en el sistema de salud con una infraestructura de hospitales limitada como la falta de médicos, enfermeras e insumos.

Por ello tuvo que improvisarse hospitales ambulantes y habilitar centros de salud en otros lugares; de allí que Estados Unidos tiene el mayor números  de contagiados y muertos en el mundo:  1’529.144 casos y 90.996 fallecidos, siendo  el estado de New York el centro de la epidemia con 390.932 contagiados y 30.845 fallecidos; seguido por New Jersey con 142.240 contagiados y   10.025 fallecidos.

El covid-19 está siendo letal en los vecindarios de New York en comunidades históricamente vulnerables. El condado de Queens se constituyó en el epicentro en donde el 36% de contagiados y fallecidos son de origen latino, lo cual refleja  la profunda desigualdad social que ya existía antes de la pandemia y que hoy se ha acentuado con mayor fuerza en esta crisis de salud y económica. Los barrios latinos han sido los más vulnerables debido al transporte público masivo que moviliza a millones de personas diariamente, y a las condiciones de vivienda cuya renta, al ser altamente costosas, obliga a compartir dos o más  familias un mismo departamento. El Bronx es otro condado de New York con menos calidad de salud y con alto porcentaje de contagiados y fallecidos por la pobreza e incidencia de enfermedades cardiovasculares, asma y diabetes. 

Ante el estado de emergencia por la pandemia del covid- 19, el Gobierno de Estados Unidos con el fin de precautelar la salud de la población estadounidense aprobó un plan de contingencia de $ 850.000 millones para salvar las empresas, negocios y aliviar la economía familiar.

De estos, $ 500.000 millones estuvieron destinados a salvar las corporaciones y los $ 350.000 millones restantes fueron asignados para hospitales, centros de salud, pruebas del covid-19 e implementos de salud y contratación de más médicos, enfermeras, préstamos a pequeños y medianos negocios. Además se entregará un cheque de alivio económico de $ 1.200 a todos los   residentes y ciudadanos estadounidenses, excluyendo de esta ayuda a los indocumentados que a más de no recibir una ayuda federal no tienen ingresos por el desempleo, sumiendo más  en la pobreza y desesperación a millones de hogares que al no tener ingresos no tienen para solventar sus necesidades básicas como son los alimentos, pago de renta y los servicios básicos.

El aporte de los indocumentados al seguro social  es de $ 13.000 millones anuales, y $ 3.000 millones al sistema Medicare al  año, cantidades que se les descuentan en los cheques que cobran de sus salarios. Los indocumentados también pagan impuestos al momento de comprar víveres, vestuario, mobiliarios de hogar y todo  tipo de transacción.

Para cobrar los impuestos, el estado no pregunta si son documentados o  indocumentados; esto constituye una  discriminación y vulneración a los derechos humanos  como son  la vida, el trabajo, la salud  y la alimentación.

Las demandas
Ante esta grave situación, el Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos junto a otras organizaciones exigen un alivio económico para todos los indocumentados y sus familias, quienes en su mayoría han perdido sus trabajos y  otros no han obtenido ingresos durante la cuarentena.

Piden a todos los gobernadores y alcaldes de las diferentes ciudades de los Estados Unidos que establezcan un paquete económico estatal urgente que incluya una subvención económica de $ 1.000 para el pago de renta o hipoteca, aumento de los beneficios  en los cupones de alimentos, que se garantice la provisión de alimentos para personas  en estado de vulnerabilidad, adultos mayores, desempleados, familias con bajos recursos y personas enfermas. 

También demandan acceso a las pruebas de laboratorio y tratamiento médico contra el covid- 19, sin importar el estatus migratorio. Así como una ayuda económica a las familias para cremar y dar sepultura a sus fallecidos por el coronavirus. (O)