Un juez colombiano condenó a 40 años de prisión a un hombre que reclutaba bajo engaño a civiles que morían a manos de militares que los reportaban como guerrilleros caídos en combate, informaron este jueves fuentes judiciales en Bogotá.

La sentencia la adoptó el Juzgado Segundo Especializado de Cúcuta, la capital de Norte de Santander, departamento de la frontera noreste con Venezuela en el que se desveló esta práctica de ejecuciones extrajudiciales, conocida como "falsos positivos".

Unas publicaciones periodísticas de 2008 pusieron al descubierto la práctica con el caso masivo de una veintena de jóvenes de Soacha que desaparecieron de sus casas en esta localidad vecina a Bogotá y aparecieron después muertos, reportados por militares como dados de baja en enfrentamientos.

La Fiscalía General precisó en un comunicado que Pedro Antonio Agámez Díaz fue hallado responsable "en calidad de coautor, de los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir".

Los cargos están relacionados con hechos que se remontan a diciembre de 2007, con la desaparición en la ciudad limítrofe de Cúcuta de Camilo Andrés Valencia, joven que pocos días después apareció muerto junto a otro hombre.

Ambos fueron reportados como muertos en combate por tropas de un batallón de infantería en Ocaña, población de Norte de Santander, señaló la Fiscalía.

La entidad judicial recordó que las pruebas recogidas por el fiscal del caso muestran que el condenado conformaba "una agrupación dedicada (...) a buscar y llevar hasta Ocaña desde Soacha víctimas que luego aparecían sin vida en presuntos enfrentamientos con el Ejército Nacional".

En el caso de Valencia, el juez observó que se trataba de una persona con "problemas económicos" que cayó en manos de una banda conformada por Agámez y otros tres hombres conocidos con los alias de "Alex", "Pique" y "Pocho".

La Fiscalía General de Colombia ha documentado más de 2.000 casos de este tipo, y ha vinculado con ellos a más de 1.487 militares, de los que al menos 100 han sido sentenciados a penas de prisión.

Con esta práctica, los uniformados buscaban mostrar resultados ante sus superiores y recibir beneficios, como días de descanso.