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Colombia exhuma 54 víctimas de ejecuciones extrajudiciales

En el cementerio Las Mercedes, del municipio antioqueño de Dabeiba, fueron exhumados los cuerpos vinculados a los casos de “falsos positivos”.
En el cementerio Las Mercedes, del municipio antioqueño de Dabeiba, fueron exhumados los cuerpos vinculados a los casos de “falsos positivos”.
22 de febrero de 2020 - 00:00

Agencia Europa Press y DW

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recuperó 54 cadáveres del cementerio de Las Mercedes, en el municipio colombiano de Dabeiba (noroeste), en el marco de la segunda fase del proceso de exhumación por la investigación del caso de “falsos positivos”.  

La segunda fase arrancó el pasado lunes cuando se encontraron tres cadáveres.

En los últimos días aumentaron a 37, lo que sumado a los 17 de la primera fase, que se realizó en diciembre, arroja un total de 54.    

“Los antropólogos y funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, al cotejar la información suministrada por un compareciente y varios testigos, se concentraron en 16 fosas”, precisó la JEP en un comunicado. 

La justicia transicional detalló que entre las víctimas exhumadas están los cuerpos de una familia con prendas militares, varias mujeres y dos niños. Unos cadáveres, destacó, llevan botas de caucho.

Los casos pasarán ahora a Medicina Legal.

La JEP ya ha identificado a una de las víctimas como Édison Lexander Lezcano, un joven de 23 años y padre de tres hijos que trabajaba como agricultor en una zona rural de Dabeiba.

“Fue muerto por integrantes del Ejército Nacional el 18 de 2002 y su cuerpo fue desaparecido”, ha informado.

La misa y el sepelio se celebraron el jueves. “Después de 18 años de búsqueda, su familia empieza a cerrar esta herida. Su cuerpo ahora reposa en una bóveda con su nombre. Su familia tiene un lugar digno para recordarlo”,  valoró la JEP.

En Colombia se conoce como “falsos positivos” a los civiles ejecutados extrajudicialmente por militares y policías y presentados como guerrilleros caídos en combate.

Este es uno de los primeros casos que asumió la JEP, la justicia transicional diseñada por el Gobierno y las FARC en el acuerdo de paz que firmaron en el año 2016 para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.

Ofrece sanciones alternativas y penas de cárcel menores para quienes confiesen los crímenes cometidos. (I)   

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