El Gobierno de El Salvador elevó este jueves 26 de octubre a 1.725 la cifra de víctimas de la masacre de El Mozote registrada en 1981, de las que 988 fueron ejecutadas por el Ejército del país centroamericano.

Esta nueva cifra ha sido establecida por el Registro Oficial y Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de las masacres de El Mozote y Lugares Aledaños, que viene trabajando desde hace tres años y que en diciembre pasado había situado en 1.698 el número de víctimas, de las que 986 habían sido ejecutadas.

La creación del registro, que está adscrito a la Secretaría del Gobierno, fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en una sentencia contra el Estado salvadoreño el 25 de octubre de 2012.

Carlos Sáenz, coordinador del Consejo Ejecutivo del registro de víctimas, explicó este jueves 26 de octubre que hasta el 25 de septiembre pasado se habían computado los nombres de 1.725 víctimas “oficialmente reconocidas”, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 660 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

El registro da cuenta de que el 48,6% de las personas ejecutadas por los militares del Batallón Atlácatl, de elite, fueron mujeres, el 50,2% eran hombres y en el 1,2 por ciento no fue posible determinar el sexo.

La mayoría de las personas asesinadas fueron niños de entre 0 y 12 años, que sumaron 475, mientras que los muertos entre 13 y 17 años alcanzaron la cifra de 64, con lo cual el número de menores de edad representa el 54,5% de los asesinados.

El resto de personas ejecutadas estaban entre los 18 y más de 61 años de edad, pero entre las víctimas también se encontraban 12 niños en gestación.

“El registro es un ente vivo, se va modificando en la medida en que incorporamos personas, de las que logramos comprobar que cumplen con los criterios establecidos por el mismo registro para que se le otorgue la calidad de víctima”, apuntó Sáenz.

Señaló que el reconocimiento “les habilita para que ejerzan el derecho que la sentencia (de la CorteIDH) estableció de que sean indemnizadas”, y el acceso a otros programas gubernamentales de “reparaciones colectivas”.

Dorila Márquez, presidenta de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, dijo que unas 500 personas no han sido incorporadas al registro por falta de documentos. (I)