Una multitudinaria marcha en homenaje a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) tomó este domingo las calles de Santiago reclamando justicia y el cierre de una cárcel especial que alberga a exmilitares condenados.

En un inédito recorrido -que por primera vez pasó por La Moneda, sede de gobierno que en 1973 fue bombardeada con el fin de derrocar al gobierno del socialista Salvador Allende- la movilización finalizó en el cementerio que alberga un memorial de los detenidos desaparecidos y los ejecutados por el régimen dictatorial.

"(Marchamos) por todo el dolor que Chile tiene guardado en su corazón ya que mientras no haya verdad y justicia no va a haber reconciliación y siempre vamos a estar como un pueblo dividido", dijo Mónica Figueroa, de 52 años, dirigente social y ama de casa, cuyo padre falleció tras estar detenido 13 días en 1974.

Con la voz de Allende saliendo de altoparlantes, miles de personas cruzaron La Moneda para emprender un largo camino en los que la emoción y hasta algunas lágrimas se mezclaron al son del tambor y el baile elegidos por los jóvenes para hacer sus demandas.

Lejos de la experiencia vivida por Mónica, el estudiante José Dalquin de 24 años coincide con la mujer en que "el pacto de silencio que hay entre la derecha y los militares impide hacer justicia en este país".

La presunta existencia de ese pacto de silencio -negado por los militares- tomó nueva fuerza este año tras la condena de más de una decena de represores por el caso de dos jóvenes quemados en 1986, luego que uno de los exconscriptos denunciara las maniobras de encubrimiento de las jerarquías militares.

 Herida abierta

El 11 de setiembre, Bachelet señaló que a 42 años del golpe que "desgarró" al país aún hay una deuda pendiente y que hace falta "verdad por conocer y justicia por aplicar".

Un sentimiento compartido por manifestantes como Tania Núñez, que portando una foto de los más de 3.200 asesinados por la dictadura lanzó: "la herida sigue abierta porque la verdad no está contada y no se hizo justicia".

A lo largo del recorrido el descontento contra la cárcel Punta Peuco, ubicada a unos 50 km de Santiago y que alberga a un centenar de exmiembros de las Fuerzas Armadas condenados por torturas, secuestros y muertes, se hizo sentir con carteles, comentarios y leyendas escritas en paredes.

"Punta Peuco debe desaparecer, no debería haber cárceles especiales para los asesinos, comentó entre lágrimas Patricia Abarca, de 54 años.

El gobierno de la socialista Michelle Bachelet -que atraviesa su nivel más bajo de aprobación con 22%- reiteró el sábado que está evaluando un posible cierre de ese establecimiento, aunque negó que existan privilegios en ese centro de reclusión.

Uno de los recluidos más reconocidos de Punta Peuco, Marcelo Moren Brito, exjerarca de la temida policía política (DINA) de Pinochet, falleció el viernes por una falla multisistémica en el Hospital Militar.

En agosto, el jefe de la DINA, Manuel Contreras, también falleció mientras cumplía parte de una condena de más de medio siglo.

Mientras frente al inmenso memorial con miles de nombres de quienes perdieron la vida por la represión militar los familiares de las víctimas portaban claveles en un momento de reflexión, a escasos metros se registraban violentos incidentes que terminaron con la policía lanzando agua y gases a los manifestantes.

La cruenta dictadura de Pinochet sumó a las víctimas fatales unos 38.000 torturados. (I)