En Chile, los estudiantes universitarios pueden llegar a pagar, en promedio, más de 6 mil dólares al año por una carrera en la educación superior, que en el país se divide entre universidades fiscales, estatales, privadas, institutos técnicos y profesionales. Esto provoca un alto endeudamiento, especialmente entre la clase media. Esta particularidad del sistema educacional chileno podría comenzar a cambiar, ya que finalmente el Congreso y el Senado aprobaron una “Ley Corta” de gratuidad universitaria a partir de 2016.

Tras un año de un complejo debate, de sendos cambios, críticas, aportes, discusiones, encuentros y desencuentros, el Legislativo pavimentó el camino para que desde el próximo año se concrete la gratuidad en las universidades estatales y eventualmente también en algunas privadas. El tema de la gratuidad universitaria era algo largamente esperado en Chile y una de las principales promesas de campaña de Michelle Bachelet, quien pretende reformar el sistema educacional heredado de la era de Pinochet, que redujo a la mitad el aporte público a las universidades y fomentó las instituciones privadas.

Pese a que el gobierno intentaba anotarse un triunfo, lo aprobado por el Congreso sólo contempla la gratuidad en la educación universitaria a la mayor cantidad de estudiantes de bajos ingresos (“vulnerables” en la terminología chilena) a partir de 2016. En su campaña Bachelet habló de gratuidad en un concepto mucho más amplio, pero esto fue modificándose mes a mes. Así, el gobierno proyecta que 185 mil alumnos podrán estudiar sin costo desde el próximo año, lo que representa 25 mil estudiantes menos de lo que en su momento anunció la Presidenta Bachelet con bombos y platillos.

En Chile, el Estado ayuda a los estudiantes más vulnerables con becas y créditos, pero esta modalidad ha generado millonarias deudas para las familias chilenas. Los créditos son otorgados tanto por entidades comerciales como por el propio Estado, por lo que es común que una vez egresados, las personas deban pagar durante más de 15 años su crédito. Este particular sistema ha permitido que universidades privadas, pero también del Estado, generen cuantiosas ganancias a partir de la educación a pesar de que la Constitución chilena lo prohíbe.

En la Cámara Baja la “Ley Corta” de gratuidad fue aprobada por 74 votos a favor, 8 en contra y 26 abstenciones, mientras en el Senado el proyecto en general logró 22 votos a favor, ninguno en contra y 13 abstenciones. Esto corrigió la glosa de gratuidad incluida en la partida de Educación de la Ley de Presupuesto, tras un fallo del Tribunal Constitucional que consideró dicha glosa discriminatoria y arbitraria para muchos estudiantes, especialmente los de las instituciones privadas. “Esperamos que el proyecto de gratuidad sea una realidad lo más pronto posible”, dijo Bachelet.

La gratuidad establece que todas las universidades chilenas, tanto fiscales como privadas que cumplan el requisito de no lucrar y poseen una acreditación con un mínimo de cuatro años, podrán acceder al sistema de gratuidad en 2016. Esto se necesitaba aprobar de manera urgente, ya que las postulaciones a las universidades comienzan la próxima semana. A su vez, las universidades privadas que cumplan con las exigencias y quieran ingresar a este sistema deben manifestarlo por escrito al ministerio de Educación. El plazo vence el 27 de diciembre. Por ahora se mostró a favor uno de los más importantes planteles de educación superior, la Universidad Diego Portales (UDP).

Pero la ley no incluye a la educación técnica ni centros de formación profesional ¿Por qué? Por ser instituciones con fines de lucro, algo criticado por la oposición al gobierno. Camila Vallejo, la ex líder estudiantil y actual diputada comunista dijo que “el gran aprendizaje que tiene la derecha es que becas no es gratuidad”. En ese sentido, el sistema de becas será reformulado y para la educación técnica se contemplan 140 mil becas (ver recuadro). “A la derecha le salió el tiro por la culata”, dijo Vallejo, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), no está muy de acuerdo con el nuevo sistema de gratuidad. De hecho, mientras el Congreso debatía este tema la tarde del martes, se realizó una marcha en el centro de Santiago. “La posibilidad de una reforma se desvanece mientras el gobierno sigue con esta actitud”, sostiene la Confech, que denunció “improvisación” en la educación. 

Beca Indígena

Tras la creación de un nuevo sistema de gratuidad universitaria, que será implementado a partir del próximo año, el sistema de becas sería reformulado. También entrarían en debate los cupos para las minorías étnicas. En Chile, el Estado no asegura cupos en las principales universidades del sistema fiscal a las minorías étnicas. Esto se canaliza a través de una beca anual correspondiente a un aporte monetario de unos 1.200 dólares para estudiantes de ascendencia indígena en situación socioeconómica vulnerable y que tienen buen rendimiento académico, con el propósito de facilitar su acceso al sistema educativo. Sin embargo, esta cifra está muy por debajo de lo que cuesta una carrera universitaria en Chile, que puede superar con facilidad los 6 mil dólares al año. La participación de etnias originarias en Chile, especialmente los mapuches, es muy baja. En las universidades estatales llega a sólo un 5%, mientras que en las privadas es de 2%. (I)