Han transcurrido nada menos que 42 años desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile y todavía este hito, que cambió de manera dramática el curso de la historia reciente del país, es una herida abierta, un hecho del pasado que aún resuena en la escena actual. Precisamente, en medio de un nuevo aniversario y a más de cuatro décadas del quiebre democrático chileno, la agenda de Derechos Humanos (DD.HH.) está al tope de la discusión política en el país.

En Chile, el 11 de septiembre aún es un día marcado por las divisiones. Este día suelen concretarse protestas que derivan en violencia y muertos en algunos casos. Las manifestaciones suelen realizarse de noche, en la periferia de Santiago, en barrios que terminan convirtiéndose en verdaderos campos de batalla entre jóvenes enmascarados y Carabineros, la policía chilena. Sin embargo, esta vez hay un ambiente algo distinto.

Hace algunos días el gobierno de Michelle Bachelet anunció la creación de una inédita Unidad de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Defensa, cuyo objetivo es facilitar la entrega de información de las Fuerzas Armadas. Esto, en respuesta a las fuertes demandas de las agrupaciones de derechos humanos para que se ponga fin a los supuestos “pactos de silencio” al interior de las instituciones armadas.

Este organismo dependerá directamente del ministro de Defensa, Juan Antonio Gómez, y la idea es que sea una suerte de facilitador de informaciones sobre violaciones a los derechos humanos entregada por las FF.AA. a los jueces que llevan adelante las investigaciones de lo ocurrido tras el golpe de Augusto Pinochet.

En Chile las causas por DD.HH. aún están abiertas. De hecho, se calcula que actualmente existen 1.000 procesos vinculados a violaciones a los derechos humanos (1973-1990). Algunos procesos llevan más de una década de tramitación en la justicia, mientras que otras causas permanecen abiertas hace más de 40 años.

Por eso, la Unidad de Derechos Humanos que está dirigida por el exmagistrado Alejandro Solís -conocido por sus investigaciones de causas emblemáticas de la represión del régimen de Pinochet- tiene como objetivo agilizar la entrega de información a los juec es. Y además deberá dar respuesta ante la eventualidad que los antecedentes solicitados no sean encontrados.

Hasta ahora se han contestado 600 oficios de requerimientos sobre derechos humanos solicitados desde la justicia. En ese sentido, el ministro Gómez ha dicho que la colaboración de las Fuerzas Armadas es “absoluta” y además ha negado supuestos pactos de silencio. Lo propio ha hecho el ejército. De todos modos, todo esto ha tensionado la relación entre las distintas agrupaciones de derechos humanos, el gobierno y las FF.AA.

El exmagistrado Solís, por su parte, ha dicho que “hay más de mil causas pendientes. Esperemos que sea a corto plazo que terminen con alguna decisión importante. Es lo que denomino como ‘impunidad biológica’, donde se están muriendo las víctimas, los testigos y los inculpados”. Cifras oficiales en Chile sostienen que el régimen de Pinochet dejó 40.018 víctimas, incluidos 3.095 opositores muertos, de los cuales un millar siguen desaparecidos.

La recién creada Unidad de Derechos Humanos se organizó tras la reactivación de la agenda de DD.HH. Esto, después de que a fines de julio el exconscripto Fernando Guzmán diera a conocer un crudo relato sobre el Caso Quemados, ocurrido el 2 de julio de 1986, cuando una patrulla militar quemó vivos a Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana. Esta acción le produjo la muerte a Rojas, mientras que Quintana quedó con el 65% de su cuerpo afectado.

El exconscripto rompió un silencio de tres décadas y reveló que “el verdadero culpable tiene nombre y apellido: Julio Casteñer; ese es el nombre del asesino”. Luego, la propia Carmen Gloria Quintana denunció un pacto de silencio al interior del Ejército. Todo esto generó la reapertura del Caso Quemados y luego la detención de siete exoficiales y suboficiales por su presunta responsabilidad en los hechos.

El nuevo aniversario del 11 de septiembre de 1973 también coincide con la reciente muerte de Manuel Contreras, el ex jefe de la Dina. ‘El Mamo’ enfrentaba una condena de 529 años de cárcel por su responsabilidad directa en asesinatos, torturas y desapariciones. También, en agosto se suicidó el exgeneral Hernán Ramírez tras una condena de 20 años, mientras que ese mismo mes fue encarcelado el ex fiscal militar y uno de los hombres más cercanos a Pinochet, el excoronel Fernando Torres Silva. (I)

DATOS

Una corte chilena confirmó el sábado pasado la sentencia a 7 años de cárcel sobre el exoficial de Ejército Pedro Espinoza, por los asesinatos de los periodistas estadounidenses Charles Horman y Frank Teruggi, ocurridos en la dictadura de Augusto Pinochet en 1973.

Los crímenes contra ambos se insertan en las investigaciones secretas ejecutadas en contra de personas norteamericanas, afectadas por la actividad de recolección clandestina de datos de lo que ellas realizaban en el ámbito político; actividad realizada por agentes del Grupo de Inteligencia Militar estadounidense, dirigida por el sujeto oficial Comandante del Grupo de la Misión Militar de los Estados Unidos en Chile.

Los crímenes de Horman y Teruggi fueron tema de la premiada película ‘Missing’ (1982), del cineasta Constantin Costa-Gavras.