“El cambio climático tendrá consecuencias devastadoras para las personas en situación de pobreza. Incluso en el mejor de los casos, millones se enfrentarán a la inseguridad alimentaria, la migración forzada, las enfermedades y la muerte”, denunció Philip Alston, experto de las Naciones Unidas en pobreza y derechos humanos.

Alston se refirió al “apartheid climático”, término que define a los ricos, quienes podrán pagar para escapar del hambre y los conflictos medioambientales. Por otra parte, 120 millones de personas serán  empujadas a la pobreza en 2030 por no tener acceso para mitigar los efectos del calentamiento global.

Según Alston, muchos se verán abocados a elegir entre morir de hambre o migrar. Así, para el año 2050 el cambio climático podría desplazar a 140 millones de personas en África subsahariana, el sur de Asia y América Latina.

Ante esto, Alston cuestionó a los gobiernos por no destinar los suficientes recursos y atención a este tema.

En este contexto, Ecuador firmó el 26 de marzo pasado el primer compromiso de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), en el marco del cumplimiento del Acuerdo de París.

Según este documento, Ecuador se comprometió a reducir el 9% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2025.

La meta sube a 20,9% si cuenta con el apoyo de la comunidad internacional para adoptar las medidas de mitigación. Los sectores involucrados son: de energía, procesos industriales, residuos y agricultura con el apoyo de cooperación internacional.

El Ministerio del Ambiente del país trabaja en la elaboración del Plan Nacional de Restauración Forestal, el cual contempla una inversión de   $ 25 millones para la implementación de procesos de restauración en 30 mil hectáreas.

La medida, según el sitio web de la entidad, beneficiará a más de 192.771 personas en las zonas rurales.

En 2016, Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en firmar un pacto nacional por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El ODS del país latino tiene 22.000 normas -600 de ellas  adoptadas como nacionales-. Además de un plan que se desarrolla desde ahora hasta 2050.

A inicios de semana la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reportó que para 2030 la caída de productividad asociada al estrés térmico (trabajo en altas temperaturas) dejará a 80 millones de personas del sector agrícola sin empleo.

El desempleo, a su vez, conllevará a pérdidas económicas de $ 2,4 trillones y generará crisis alimentaria a nivel mundial.

Organismos de control
El ambientalista Xavier Salgado indicó que en Ecuador el Acuerdo 2030 del Gobierno, que se basa en el diálogo y crear incentivos económicos para la sostenibilidad, es una buena propuesta.

Sin embargo, se necesita de un organismo de control y un plan de combate.

“El tema aquí son los pasivos ambientales. Estos son las obras o  daños generados por las petroleras, la minería artesanal o a gran escala. Además de las empresas que han destruido cuencas hídricas, esteros, o la tala indiscriminada de árboles”, destacó el ingeniero.

Salgado explicó que el término pasivo se usa porque el Estado no ha intervenido o ha intervenido para contrarrestar, aunque existe una ley.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador  contiene 730 artículos e incorpora 77 nuevos delitos que no constaban en el anterior Código Penal. No obstante, no hay un ente regulador o de control, señaló.

Como posible solución a los problemas, Salgado propuso crear “huellas verdes” para identificar los sectores con necesidades.

Como ejemplo citó que en Pastaza en ciertos lugares el petróleo ha destruido parte del suelo. “Para recuperar dos centímetros la naturaleza demora 100 años, eso es grave. Igual pasa con los ríos”.

El ambientalista agregó que estas son zonas en las que  hay que actuar. (I)