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Argentina pide a EE.UU. e Israel incluir caso AMIA en negociaciones con Irán

El canciller también reiteró que el territorio argentino no debe ser utilizado para fines de intereses geopolíticos y militares de terceros países. Foto: Presidencia Argentina
El canciller también reiteró que el territorio argentino no debe ser utilizado para fines de intereses geopolíticos y militares de terceros países. Foto: Presidencia Argentina
17 de febrero de 2015 - 13:07

Desde la Casa de Gobierno, el canciller Héctor Timerman dio lectura de las cartas entregadas a los embajadores de Estados Unidos, Noah Mamet, y de Israel, Dorit Shavit, donde manifiesta la "preocupación" del gobierno argentino por las divergencias de ambos países en torno a un acuerdo para reducir tensiones sobre temas nucleares entre países del Consejo de Seguridad y la República Islámica de Irán.

En ese marco, la nota dirigida al secretario de Estado norteamericano y al canciller de Israel, John Kerry y Avigdor Lieberman, respectivamente, reiteró al gobierno de Barack Obama el pedido para que "el tema de la (mutual judía en Buenos Aires) AMIA sea incluido en las negociaciones con la República Islámica de Irán", recordando que el atentado ocurrido hace casi 21 años costó la vida de 85 personas.

Las cartas señalan que Argentina ve "con preocupación las divergencias" entre dichos países sobre las "negociaciones para concluir un acuerdo que reduzca las tensiones sobre temas nucleares entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (de la ONU) más Alemania y la República Islámica de Irán".

Argentina "apoya la resolución pacífica de los conflictos", señala Timerman, que lamenta que Estados Unidos no acepte la petición de incluir en las negociaciones con Irán la investigación del atentado contra la AMIA.

"Hoy vuelvo a solicitarle que el tema de la (mutual judía) AMIA sea incluido en las negociaciones con la República Islámica de Irán", tal y como ya se había reclamado por escrito cuando se conocieron las conversaciones, continúa el texto.

El anuncio de Timerman se produce en vísperas de una marcha opositora multitudinaria en repudio a la muerte del fiscal Alberto Nisman que investigaba el atentado antisemita, que dejó 85 muertos y 300 heridos.

"El pueblo argentino no puede tolerar ser el teatro de operaciones de inteligencia de hechos que le son completamente ajenos a sus costumbres y a su condición de tierra de redención para millones de perseguidos por su etnia, religión o política", dijo Timerman en el mensaje televisado.

La movilización fue convocada para este miércoles por sectores judiciales enfrentados al gobierno y los principales candidatos presidenciales de la oposición a las elecciones de octubre. La marcha se realiza a un mes de la aparición sin vida de Nisman, con un disparo en la cabeza en su apartamento.

Tras más de dos décadas de investigación, la Justicia argentina no ha logrado esclarecer el atentado ni condenar a los responsables, mientras la comunidad judía atribuye a Irán y a Hizbulá la planificación y ejecución de ambos ataques.

"Seguiremos confiando en que el Poder Judicial de Argentina, responsable de su esclarecimiento en virtud de la división de poderes, aplicará la ley sobre los perpetradores de tan horrendo acto criminal; sin embargo el Poder Judicial aún no ha logrado detener, juzgar ni condenar" a los autores, señalan las cartas.

Timerman, además, "se ve en la necesidad de reiterar" que el territorio argentino "no sea utilizado para fines de intereses geopolíticos y militares de terceros países".

La denuncia del fiscal Nisman, que salpica a Timerman, señala a la presidenta Cristina Fernández como principal responsable de un plan para encubrir a los presuntos autores del atentado contra la AMIA a cambio de intensificar relaciones con Irán en virtud del Memorándum de Entendimiento firmado en 2013.

El pasado viernes, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó a la Justicia la imputación de la presidenta Cristina Fernández, el canciller Timerman y el resto de acusados por Nisman.

De su lado, el gobierno argentino denunció "un golpismo judicial activo" y una maniobra de "desestabilización democrática" que busca asestar "un golpe blando" en un año electoral.

 

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