Varios altos funcionarios de seguridad durante la administración del expresidente panameño Ricardo Martinelli fueron llamados este viernes a juicio por el delito de espionaje contra opositores políticos, informó el Órgano Judicial.

El Juzgado Decimosexto de Circuito Penal de Panamá dictó auto de llamamiento a juicio contra el exdirector de la Policía Gustavo Pérez y el ex secretario del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz, más otros dos exfuncionarios prófugos, por presuntos "delitos contra la libertad".

Todos ellos son acusados de interceptar las comunicaciones de unas 150 personas entre empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos opositores al gobierno de Martinelli (2009-2014).

Tras una audiencia preliminar, la semana pasada, el juzgado decidió procesar a los cuatro exfuncionarios por delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad de los afectados.

Por este caso, la Corte Suprema de Justicia de Panamá mantiene una investigación contra el propio Martinelli, aunque no ha levantado cargos en su contra.

El juez de la causa, Enrique Pérez Alvarado, fijó la audiencia ordinaria del 7 al 18 de marzo de 2016.

En esta resolución judicial se mantienen las medidas cautelares de prisión domiciliaria impuestas a Garuz y Pérez, aunque las mismas no se han hecho efectivas por estar en trámite de apelación.

El escándalo se produjo tras la declaración jurada de un "testigo protegido", quien afirmó que en el Consejo de Seguridad Nacional se realizaron escuchas telefónicas ilegales, violando la privacidad de un importante número de ciudadanos.

Martinelli era acusado por la oposición de instaurar una "dictadura civil" para perseguir a sus adversarios políticos y de intentar controlar todos los órganos del Estado en beneficio propio.

Cuatro integrantes del gabinete de Martinelli están presos por enriquecimiento ilícito y corrupción, mientras que otros están sometidos a medidas cautelares.

El expresidente, que se encuentra fuera de Panamá desde enero, es investigado por la Corte de Justicia por la presunta compra con sobreprecios de comida deshidratada para escuelas del país. (I)