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“Los recursos van a las comunidades”

“Los recursos van a las comunidades”
04 de febrero de 2013 - 00:00

Entrevista a Jorge Jaramillo, gerente de la empresa pública Ecuado Estratégico

¿Para qué se crea Ecuador Estratégico?

Los recursos petroleros y mineros que estaban en manos privadas solo generaban beneficios a favor de las compañías.

Mientras que para las comunidades de las zonas de desarrollo no quedaba absolutamente nada. No había política pública al respecto. El cambio se da con la Constitución de 2008 que define a los sectores estratégicos de la minería, petróleo, hidroelectricidad, telecomunicaciones y agua, como los rubros de fundamental importancia para el progreso del país.

Nosotros canalizamos esos recursos a las comunidades. Además, nuestro objetivo es generar un desarrollo integral y sostenible en las comunidades, darles lo que nunca tuvieron porque se encontraban en total abandono, sin servicios básicos y contaminación.
Las empresas privadas, lo único que hacían, era pintar una escuela.

¿Cómo se materializa el principio constitucional?

Mediante reformas a las leyes de Minería e Hidrocarburos. Por primera vez se identifican fuentes de financiamiento para generar desarrollo en las comunidades, parroquias, cantones y provincias cercanas a los proyectos. Una de ellas, es orientar el 12% de la utilidad de los operadores privados para proyectos de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, alcantarrillado, electricidad, telecomunicaciones, obras de infraestructura, camales, calles, vialidad, puentes.

¿Las empresas públicas también trasladarán el 12%?

El Presidente Corera dispuso que, y a pesar de que no se establece en la Ley, Petroecuador y Petroamazonas inviertan ese porcentaje en estas obra.

¿Qué reforma se hizo en minería, tomando en cuenta que no se pagaba impuestos ni regalías al Estado?

Cambian los famosos contratos de concesión que permitían a las empresas pagar al Estado de tres a 16 dólares anuales por hectárea, sin importar el tipo de metal que se extraiga.

Hoy, el marco legal exige que al menos el 50% de la renta minera se destine al Estado, así como un porcentaje de esta renta para regalías. Con esas fuentes de financiamiento se generan obras para la Amazonía.

¿A cuánto ascienden las inversiones para los proyectos de desarrollo?

Entre 2012 y 2013, la inversión plurianual alcanza los 447 millones de dólares en obras de salud, educación, saneamiento, vialidad que son nuestros principales ejes de acción para el Buen Vivir.

¿Cuántas comunidades se favorecen?

Intervenimos en 11 provincias fundamentalmente. Seis de la Amazonia donde están
los proyectos mineros y petroleros, en 26 cantones, 172 parroquias y comunidades.

También en Manabí por la refinería del Pacífico y la obra multipropósito Chone; en Santa Elena por los campos petroleros de Ancón; en El Oro, para el desarrollo integral en la población de Bajo Alto, que es la primera que recibe en sus domicilios el gas por tubería, fruto de la explotación del gas del golfo; Esmeraldas por la refinería y Azuay por la minería.

¿Sus políticas entonces apuntan hacia una redistribución de la riqueza?

Hay que devolver la riqueza a la zona de donde proviene. Antes, los recursos petroleros
se concentraban solo las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. La Amazonia era olvidada aún teniendo los índices más bajos en cobertura de servicios básicos.

Todavía muchas zonas no tienen agua potable ni alcantarillado. Es una tarea dura cumplir la meta del Gobierno de alcanzar un 98% de cobertura de esos servicios en cuatro años,
estamos coordinando acciones con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Banco del Estado.

¿Cómo Ecuador Estratégico viabiliza una adecuada transferencia de recursos hacia las comunidades?

Hay varias fases. Lo fundamental es la planificación, que es ordenada y coordinada. La planificación, tipo macro, está a cargo de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Los gobiernos centralizados hacen lo propio a través de los programas de ordenamiento territorial. Con estos planes trabajamos intersectorialmente para ejecutar las obras.

Junto con la planificación, ¿hay una nivel de descentralización en la gestión?

Sí. Por ejemplo, en vialidad los gobiernos provinciales tienen facultad para ejecutar estas obras . Sin embargo, la propia Constitución establece que existen niveles de coordinación para que el Gobierno Central, mediante una delegación de competencias, también intervenga.

Hemos coordinado con los seis gobiernos provinciales de la Amazonia y el de Manabí para obras de vialidad por 70 millones de dólares. No somos una entidad que financia, ni traslada recursos a los municipios y gobiernos provinciales. Por administración directa, contratamos a través del portal de compras públicas.

La demanda asciende a unos 3.000 millones de dólares en proyectos, fundamentalmente en la Amazonía.

¿Qué obras se priorizan?

Saneamiento, agua potable y alcantarrillado, tratamiento de desechos, centros de salud y hospitales; educación con las unidades del milenio, escuelas docentes, pluridocentes, colegios, carreteras y puentes.

Hay requerimientos de los gobiernos locales que no son prioritarios y los estamos dejando para un segundo nivel de intervención.

¿Dónde termina su competencia?

El momento en que entregamos la obra al organismo competente para que opere,
administre, mantenga y preste un servicio de calidad. La fase más difícil de la ejecución de un proyecto es la administración y mantenimiento.

¿Existe una meta?

Se ha anunciado que en el segundo período presidencial se alcanzará el desarrollo de la Amazonia. Es un arduo trabajo, empezamos con 447 millones de inversión, ahora, estamos haciendo estudios para dotar de agua potable a Sucumbíos y Orellana en los próximos 30 y 50 años.

¿Cómo manejan los conflictos ambientales generados por la minería?

Existen proyectos a escala mundial exitosos, ambientalmente limpios. Procuramos
que los proyectos se desarrollen con responsabilidad ambiental, técnica y social. El Estado hará respetar que los planes de mitigación ambiental se cumplan y tengamos la menor afectación posible al agua y al medio ambiente utilizando tecnología de punta.

 

 

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