La compra de los 60 trolebuses eléctricos para Quito, que nació como uno de los proyectos emblemáticos para modernizar el sistema de transporte de la capital, escaló a la esfera penal.

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El asambleísta Xavier Ordóñez acudió a la Fiscalía General del Estado para solicitar actos urgentes que permitan preservar evidencia y documentación relacionada con el proceso de adquisición realizado mediante la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El legislador aseguró que su investigación identificó elementos que ameritan una actuación inmediata de las autoridades.

"Esto no es cuestión de retórica, de relato o de discurso, sino de pruebas", afirmó Ordóñez.

¿Qué pidió Ordóñez a la Fiscalía?

El legislador explicó que su solicitud no contempla allanamientos específicos, sino que busca que la Fiscalía adopte mecanismos para precautelar documentos, registros y cualquier elemento probatorio que pueda desaparecer o alterarse.

"Cuando existen elementos que podrían comprometer recursos públicos y responsabilidades de funcionarios, la prioridad es evitar que la evidencia desaparezca, se altere o se pierda", señaló.

Ordóñez indicó que entregó documentación recopilada durante varios meses de fiscalización, incluyendo informes técnicos, comparecencias y documentación oficial.

Los principales hallazgos que expuso

Según dijo, la investigación legislativa identifica varios elementos que, a criterio del asambleísta, deben ser analizados por la Fiscalía. Entre ellos destacan:

• Un presunto sobreprecio cercano a USD 100.000 por cada trolebús, que sumaría más de USD 6 millones.
• El pago de aproximadamente USD 2,7 millones en costos de intermediación a través de UNOPS.
• La entrega anticipada del 100% de los recursos públicos comprometidos.
• Observaciones técnicas registradas cuando las unidades llegaron a Quito.
• Posibles omisiones en los mecanismos internos de aprobación y control.

Además, Ordóñez sostuvo que existen indicios sobre el manejo de intereses generados por recursos públicos durante la operación.

"El dinero ecuatoriano ha generado intereses que particulares se han beneficiado de él", aseguró.

El caso apunta al nivel político

El documento indica que el Memorando de Entendimiento que permitió la participación de UNOPS fue suscrito durante la administración del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y que una operación de esta magnitud debía contar con conocimiento y control de las máximas autoridades municipales.

"Ninguna operación que compromete decenas de millones de dólares puede ejecutarse sin conocimiento de las máximas autoridades municipales", señala el informe legislativo.

"No es persecución"

Ordóñez rechazó que el proceso tenga motivaciones políticas y aseguró que la diferencia entre una denuncia y un discurso radica en la evidencia presentada.

El legislador también señaló que la oposición cuestionará la investigación por el contexto electoral, pero insistió en que los tiempos de la Fiscalía no dependen del calendario político.

Fiscalía deberá determinar si existieron responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas del proceso. La investigación legislativa, advierte el documento, no establece culpabilidades, sino posibles líneas de indagación.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) June 17, 2026