El colectivo Acción Los Ceibos denunció públicamente que el Municipio de Guayaquil habría solicitado al Tribunal de Garantías Penales revocar la pericia ambiental independiente del paso elevado en la avenida del Bombero, y bloquear el requerimiento de información al Ministerio del Ambiente sobre la licencia ambiental del proyecto, actualmente en revisión.

Mediante un boletín difundido, el colectivo acusó al Cabildo porteño de intentar silenciar los cuestionamientos ciudadanos y de ejecutar una obra millonaria sin los estudios ni permisos ambientales necesarios.

“Una obra que no soporta una evaluación técnica no debe ejecutarse. Exigir transparencia y proteger el entorno no es un delito, es un derecho”, señala el comunicado difundido con la etiqueta #CeibosSOS.

Decisión judicial y suspensión del proyecto

El pronunciamiento del colectivo se da luego de que un Tribunal de Garantías Penales con sede en Guayaquil dispusiera que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) informe si el Municipio solicitó el permiso correspondiente y bajo qué categoría de impacto ambiental fue clasificado el proyecto, cuya ejecución fue suspendida el pasado 11 de julio.

Ese mismo día, el Ministerio ordenó a la Prefectura del Guayas detener los trabajos, argumentando la existencia de múltiples denuncias ciudadanas por posibles impactos ambientales negativos. El Maate indicó que el proyecto está siendo revisado, en especial el permiso ambiental otorgado en octubre de 2023.

Como parte del proceso, el colectivo Acción Los Ceibos interpuso una acción de protección con medida cautelar, asegurando que el proyecto presenta un 88,24 % de impacto ambiental medio y alto.

Pugna entre autoridades

La suspensión de la obra generó también una tensión política entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. Mientras la Prefectura acató la disposición del Ministerio, Alvarez criticó la decisión.

“Prefieren acatar, no enfrentar”, declaró el Alcalde, insistiendo en que la obra cumple con todos los requisitos legales.

Por su parte, Aguiñaga respondió: “Aquí el ente rector, el Ministerio del Ambiente, notificó a la Prefectura, y nosotros lo que hemos hecho es acatar la ley, que está publicada en el Ecuador”.

Y añadió: “Ahora nos llama la atención que una autoridad cumpla la ley, por amor a Dios, ¿en qué clase de país nos estamos convirtiendo?”

Resistencia ciudadana

En su boletín, el colectivo ambiental afirmó que la obra —valorada en más de 15 millones de dólares— ha sido impulsada sin consulta previa, sin participación ciudadana y sin licencia ambiental vigente, por lo que exigen transparencia y participación técnica antes de cualquier reanudación.

“Advertimos que no aceptaremos presiones ni represalias por alzar la voz. La libertad de expresión no se negocia, y Guayaquil no puede construirse a espaldas de su gente ni atropellando el medio ambiente”, señalaron.

#URGENTE

Municipio de Guayaquil quiere silenciar la licencia ambiental #CeibosSOS

-BOLETÍN DE PRENSA- pic.twitter.com/DzZSaSadm2

— AccionLosCeibos (@accionlosceibos) July 17, 2025

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) July 17, 2025