La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga; el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira; y los notarios públicos, José Pallo e Hiroshima Villalba, inspeccionaron las instalaciones vacías del exPenal García Moreno, en el centro de Quito.

En el operativo de traslado de las últimas personas privadas de la libertad (PPLs) que estaban recluidas en este lugar se movilizaron a 1.618 internos, distribuidos en 50 buses. Con esta acción se cerró definitivamente el centro carcelario que llegó a tener un nivel de hacinamiento superior al 400%.

Zúñiga recorrió algunas de las celdas, las mismas que medían aproximadamente 6 metros cuadrados, pero que podían albergar a más de 10 personas. “En este centro las condiciones de seguridad para los internos, para sus familiares y para los guías no eran las adecuadas, tampoco existían las condiciones para un verdadero proceso de rehabilitación”, dijo la funcionaria.

Los comisarios públicos también participaron del recorrido para realizar un inventario de las pertenencias de los PPLs y posteriormente entregarles a sus familiares.

El Defensor del Pueblo sostuvo que “realmente los internos vivían en condiciones inhumanas, ahora en el Centro Regional de Latacunga se tiene una mejor infraestructura y serán mejores condiciones para las personas privadas de la libertad”.