El abogado William Aguaguiña, representante legal de 1.421 afectados por la supuesta estafa de Unión Constructora, intentó obtener un aplazamiento del juicio que inició la mañana de ayer en el Juzgado Quinto de Garantías Penales, con la intención de llegar a un acuerdo reparatorio.

El Tribunal, presidido por Marcelo Narváez, señaló que era improcedente por extemporáneo y ordenó el inicio del juicio oral.

La fiscal del caso, Ruth Castillo, empezó la exposición de los cargos contra el dueño de la compañía, Javier P., su hermana Doris P., la madre Margarita P. y Ruth M.

El abogado señaló que el acusado tiene 23 propiedades que están siendo estimadas. “Lo que nos interesa es que se nos devuelvan los dineros entregados” dijo.