William Aguaguiña, abogado de los perjudicados de Unión Constructora, tenía previsto, el mediodía de ayer, entregar en la Superintendencia de Compañías, documentación sobre el retraso del proceso de liquidación de los bienes de la empresa inmobiliaria.

El lento proceso de comercialización de los 32 bienes sería una de las principales quejas por parte de las casi 3.000 familias afectadas en este caso, pues de la venta ellos esperan recuperar el dinero que invirtieron en la compra de viviendas que nunca recibieron.

Los afectados de Unión Constructora también anunciaron una huelga de hambre, la cual iniciaría el próximo viernes, si es que la Superintendencia de Compañías no gestiona los pedidos urgentes de la venta de esos bienes.

La tarde del lunes, los perjudicados organizaron un plantón en los bajos de la Superintendencia de Compañías en la capital, con carteles expresando su disconformidad con la gestión de la liquidadora de la Superintendencia, quien tiene a su cargo la liquidación y venta de los bienes. “Se ha dado plazo hasta el viernes para que cambie a la liquidadora Duque”, manifestó Aguaguiña.

Otra de las razones de la disconformidad para el abogado y las familias es que la venta de esos bienes, a criterio de ellos, se estaría ofertando a precios muy inferiores a los del mercado. “Hay bienes que cuestan alrededor de $ 500.000, y se los está vendiendo en $200.000”, observó.

La Fiscalía General del Estado convocó la semana pasada a una reunión a los fiscales provinciales de Pichincha y Guayas, Wilson Toainga y Paúl Ponce, respectivamente, para coordinar acciones que aceleren la devolución del dinero de las familias. Guayas y Pichincha son las provincias con mayor número de denuncias en este caso. Los exaccionistas de Unión Constructora fueron acusados por el delito de estafa. Su defensa ha manifestado el interés de que se vendan los bienes para beneficio de las familias afectadas.