Los contratos de personal que fueron suscritos por las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) días antes de que se conocieran los resultados de la consulta popular del 7 de mayo, quedarán insubsistentes.

El anuncio lo hizo ayer la integrante del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), Tania Arias, quien precisó que la primera depuración se sustentará en un informe entregado la semana pasada por la jefatura de personal del organismo.

Este proceso iniciará por los nombramientos de jueces de primera instancia, provisionales, temporales ad hoc, así como de servidores judiciales que entraron a la institución una vez que se conoció el triunfo de la pregunta 4 de la consulta popular.

El presidente del CJT, Paulo Rodríguez, ratificó que lo más urgente es ver aquellas designaciones que ocurrieron de manera ilegal e ilegítima en el pasado, al tiempo de señalar que quienes hayan actuado con responsabilidad y con honestidad deben estar tranquilos, porque sus cargos no serán topados.

Confirmó que el presupuesto que se requiere para la tarea a ellos encomendada llega a los 400 millones de dólares.