José Ricardo S.V., de 26 años, acusado de abusar y provocar la muerte de un niño de dos años y ocho meses de nacido, quedó con prisión preventiva la mañana de ayer y fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, de la provincia de Manabí.

Esto ocurría mientras en una casa del barrio Buenas Peras, del cantón Pedernales (norte de la provincia), era velado el cuerpo de Ángel Gabriel, la víctima.

La violación y muerte de este menor, el pasado domingo, provocaron que, desde antes de las 11:00 hasta horas de la tarde del lunes, cientos de habitantes del cantón manabita salieran a la calle con carteles para exigir justicia y también para que el apresado les sea entregado.

La intensidad de las protestas se incrementó, lo que motivó a pedir refuerzos de efectivos del distrito de El Carmen y de la subzona Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los revoltosos arrojaron objetos contundentes y bombas molotov a las instalaciones del destacamento por lo que los uniformados debieron evacuar a los funcionarios públicos, al detenido y a los familiares del menor fallecido. Pasadas las 15:00 las instalaciones policiales estaban invadidas por las llamas.

Según un comunicado de la Policía Nacional se produjeron daños en varios dormitorios y se quemaron diez motos policiales, tres cuadrones, un generador de luz, una bomba de agua, un acondicionador de aire, un equipo informático completo, escritorios, entre otros objetos.

Miembros de la Fiscalía de Manabí, acompañados de Susana Dueñas, gobernadora de la provincia, de la jefa política y personal policial -que estuvo al mando del operativo-, mantuvieron una reunión para evaluar la situación.

Videos y fotografías fueron analizados para identificar a los responsables. Hasta el cierre de esta edición, siete personas fueron detenidas e identificadas como Heime Teodoro A. Ch., Édison Bolívar S.B., Pedro Pablo H.N., Víctor Eladio R.M., Nixon Hermes S.A., Alfredo Leodan I.V. y Cristian Rafael S.P.; estos dos últimos ciudadanos supuestamente aparecen en las imágenes lanzando piedras y bombas molotov contra las instalaciones policiales.

La gobernadora Susana Dueñas rechazó la actitud de los pobladores y pidió que sean procesados con todo el rigor de la ley. “Los actos vandálicos no son permitidos ni los vamos a permitir nunca”, afirmó la funcionaria.