El pedido de rebaja de 3 años de sentencia al ex teniente de policía Hernán Salazar, acusado de herir a Édison Cosíos, estudiante del  colegio Mejía, durante las protestas ocurridas el 15 de septiembre del 2011 en  Quito, no fue acogido por la Tercera Sala de la Corte Provincial de Pichincha que ratificó, el viernes pasado, la pena de 8 años de prisión.  

Los jueces habían presentado  dos resoluciones respecto a la apelación de la Fiscalía, que había cuestionado el pedido de la defensa, que alegó  que no se pudo comprobar que el disparo del arma lo realizó Salazar.

Luego del análisis, la sentencia fue ratificada con votos divididos. En la primera resolución, de mayoría, los magistrados Joselito Pallo y Luis Lozano ratificaron la sentencia de 8 años de reclusión y 50.000 dólares de indemnización; en la segunda, de minoría, el presidente de la Sala, Octavio Guadalupe, se acogió al pedido de rebaja a 5 años y ratificó la sanción monetaria.

Ante ello, al final, la Tercera Sala de la Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia inicial de 8 años de cárcel para Salazar.

Sin embargo, lo actuado, aunque tranquiliza, no conforma a los padres de Édison Cosíos, quien se encuentra  en estado vegetativo y con una afectación del 80% de su cerebro, debido al impacto de una bomba lacrimógena en su cráneo, disparada por Salazar -según ratifican ahora los jueces-  aquel 15 de septiembre del 2011.   

Vilma Pineda, madre del joven, insiste en que  se debe incrementar la sentencia por considerarla demasiado “benigna”, tomando en cuenta que el daño sufrido por su hijo no es reparable.