Las vísperas de las festividades de Navidad y de fin de año constituyen para muchos amigos, conocidos y ciudadanos en general, momentos de melancolía por la pérdida de algún ser querido, esto como consecuencia de los excesos propios de la época en que muchos incurren sin medir las consecuencias de cada decisión.

Situaciones como el exceso de velocidad o maniobras imprudentes, acompañadas de conductores en estado etílico, generan una pésima mezcla en perjuicio de sí mismos, así como de sus familiares y de quienes transitan de cualquier modo por las calles y vías del país, lo que representa un alto riesgo sobre el cual nuestras autoridades deben trabajar de manera incansable e incesante.

De muy poco sirve que el Estado invierta millones de dólares en vialidad y seguridad si nuestros conductores y peatones no llegan al estado de conciencia necesario que les permita analizar con claridad los riesgos y las consecuencias de sus actos imprudentes. Actualmente contamos con la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que complementada con el Código Orgánico Integral Penal presentan un universo jurídico protector de la víctima y rígido contra el actor de la lesión o infracción.

Sin embargo de lo dicho, es imprescindible contar con una adecuada capacitación o educación integral en materia de seguridad vial, que permita armonizar la coexistencia entre los conductores, así como entre conductores y peatones, y disminuya significativamente los índices de accidentes de tránsito registrados en los últimos años, que si bien es cierto se han reducido, no es menos cierto, aún no llegamos a la condición adecuada de seguridad para todas y todos.

Como consecuencia de esta alarmante realidad, se presentan en la actualidad nuevos proyectos de reformas a la legislación vigente, proyectos que buscando mejorar la actual normativa han sido presentados ante la Asamblea Nacional para su revisión, análisis y aprobación, según sea el caso.

Estas iniciativas son plausibles; sin embargo, desde mi punto de vista, además de aquello es necesario que las competentes autoridades en materia de tránsito implementen mecanismos o sistemas constantes y permanentes de capacitación, educación y control a nuestros ciudadanos en seguridad vial.

En la calidad que represento, como presidente del Colegio de Abogados del Guayas, exhorto a las y los ciudadanos a estar pendientes del desarrollo de los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, con el fin de autoeducarnos y respetar los derechos de los conductores y peatones, así como para asumir las sanciones que se deberán imponer por nuestras imprudentes actuaciones.

Disfrutemos el desarrollo de estas festividades en orden y con respeto a los derechos de nosotros, nuestras familias y de todos quienes nos rodean, construyamos una sociedad ordenada y equilibrada, no solo en el aspecto del tránsito y la seguridad vial, sino en nuestra convivencia con los menores impactos posibles.

¡Juntos somos invencibles!