No se puede seguir confiando en la exclusividad de la prueba testimonial, muy utilizada en los tribunales, para condenar o ratificar la inocencia de las personas.

En una sociedad como la nuestra, la investigación criminal se debe apoyar  en la tecnología, es decir, se sostiene sobre la  base del estudio y la investigación científica del delito. Tenemos áreas de criminalística y otras herramientas de  la Policía, y ya es hora de que el sistema judicial explote esos instrumentos y los utilice, particularmente para los delitos que generan más inseguridad, que son los homicidios y violaciones.

La principal forma de utilizarlos es por medio de la comparación de residuos biológicos que se encuentran en la escena del crimen, aunque no siempre contamos con sospechosos, pues, en la mayoría de los casos, son autores desconocidos.

Una propuesta  del Consejo de la Judicatura de Transición fue   crear una base de datos genéticos de todas las personas que se encuentran privadas de la libertad, particularmente por delitos graves.

¿Para qué sirve esto? No para el caso por el cual están siendo juzgados, sino para futuros casos, puesto que si salen y llegaran a reincidir, esa base de datos  permitirá contrastar los elementos biológicos que se levanten en la escena del crimen con los de la persona que ya ha cometido en el pasado un delito similar,   cuyo análisis ya fue incluido en el sistema.