Con préstamos por los cuales se pagan intereses por encima de lo establecido por la ley, cerca de 10.000 personas a nivel nacional son víctimas del llamado chulco.

La forma de cobro es, quizá, lo que más preocupa a las autoridades de justicia, pues muchas veces, cuando alguien no puede cumplir con el pago, se llega a un nivel de violencia extrema, incluso hasta la muerte.

De allí que representantes del Consejo de la Judicatura (CJ), Ministerio de Justicia, Fiscalía, jueces, Superintendencia de Economía Solidaria y otros organismos vinculados al tema de finanzas populares, se reunieron ayer, en Guayaquil, para analizar las “estrategias de combate a la usura”.

La cita, que se  transmitió simultáneamente para las provincias de Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Pichincha y Tungurahua, tuvo como eje central coordinar acciones y unificar criterios, tanto en lo económico (préstamos, usura) como en lo legal para combatir este delito.

El titular del CJ, Gustavo Jalkh, afirmó que la usura mueve cerca de 1.000 millones de dólares al año y que ante la dimensión de esta problemática se ha hecho una  convocatoria para  frenarla.

Al respecto, el ministro del Interior, José Serrano, aseguró que ese delito, a nivel procesal, solo se resolvía en el ámbito civil, “porque se hablaba de deudas, mas no de usura, pero esto se ha convertido ya no en un delito aislado, sino que está vinculado al sicariato, el asesinato, el lavado de dinero”.

De su parte, Paúl Ponce, fiscal del Guayas, explicó que la Fiscalía analiza el marco jurídico que rige para el efecto y que el Art. 853 en adelante del Código Penal “apenas ha sufrido cambios y no ha evolucionado con el delito”, por lo que se plantearán reformas urgentes, además de capacitar a los operadores de justicia para tratar este tipo de casos.