El procurador general del Estado, Diego García, confirmó que fue removido del cargo el funcionario que llegó tarde a la reinstalación de la audiencia que se sigue en contra de nueve personas, entre ellas el vicepresidente Jorge G., por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Dicho atraso motivó a que el Tribunal declarara el 5 de diciembre el abandono de la causa por parte de la Procuraduría, que en el juicio representaba al Estado en calidad de víctima.

 "Es inaceptable que un profesional a cargo de una delegación llegue tarde a una audiencia de juicio, más si tiene la connotación de representar al Estado que es víctima en este proceso", apuntó García en rueda de prensa.

No obstante, el procurador señaló que considera que la medida del Tribunal fue exagerada. Explicó que la víctima tiene derecho a la reparación integral y espera que "los jueces reconozcan" dicha reparación. 

García mencionó que la reparación que iba a solicitar la Procuraduría en los alegatos finales, para que los jueces puedan considerar, bordea los $37 millones.

En una entrevista esta mañana en un canal local, García reconoció la falta profesional del delegado pero, señaló, al tratarse del día 11 de audiencia, ya se había introducido su tesis sobre la categoría del delito, toda la prueba testimonial y documental.

 "Los jueces deberían permitir que la PGE presente sus alegatos de cierre y, en caso de que no lo hiciere estaría violando una norma (431 de COIP)”, recalcó en dicha entrevista. (I)