El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Marcelo Merlo, rechazó este miércoles 25 de juloio tener un rol político como arma de persecución tras la suspensión que le aplicara a la jueza Paola Dávila López por el presunto delito de lavado de activos y señalamientos de corrupción.

Como parte de una medida preventiva y administrativa, Merlo sustentó su acción en el artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial, el cual establece, según afirmó, como parte su competencia el "suspender, sin pérdida de remuneración a los servidores y servidoras de la función judicial en casos graves y urgentes en el ejercicio de sus funciones".

El jurista precisó que el CJ "no tiene un rol político, no usa la norma para la persecución, ni obedece a intereses ilegítimos".

La determinación se da en el marco de la denuncia presentada por Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Asimismo, el CJ realizó el inicio de sumario y luego envió una copia a la Fiscalía General del Estado para la correspondiente investigación, dentro de la cual la jueza Dávila deberá presentar su defensa. (I)