El ingreso de objetos prohibidos a los centros de rehabilitación social es considerado un delito, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La sanción establecida para esta infracción es pena privativa de la libertad de uno a tres años.

Liliana Guzmán, viceministra de Atención a Personas Privadas de Libertad del Ministerio de Justicia, informó que durante los últimos cuatro meses 54 personas que llegaban a visitar a los internos fueron procesadas por este motivo.

La funcionaria junto a la ministra Rosana Alvarado recorrieron -el pasado jueves- la cárcel de Turi (Cuenca), para verificar los procesos de rehabilitación.

Una de las últimas requisas realizada en un recinto penitenciario se hizo el martes último en la cárcel de mujeres de Guayaquil, luego del crimen de Gavis Moreno, quien era directora de ese centro. Los agentes encontraron celulares, memorias y otros dispositivos. (I)