A un año siete meses de que Rafael Correa dejara el poder, aún mantiene cierto control en la administración de justicia.    

Ese es el criterio del exministro de Gobierno, expresidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filanbanco, exconcejal de Quito y hoy presidente de la Asociación de Víctimas del 30 de septiembre de 2010 (30-S), Óscar Ayerve.

“Las garras del correísmo siguen adentro”, puntualizó al poner como ejemplo la persecución política de la que, en lo personal, ha sido objeto.

Explicó que a través de su empresa de servicios gráficos Taski S.A., en 2013 ganó un concurso público de ofertas para la impresión de cuestionarios censales, formularios, portafolios, manuales y otros, necesarios para la ejecución del VII Censo de Población y VI de Vivienda.

Pero al poco tiempo fueron notificados por las autoridades del contratante, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de que se suspendía el contrato y para ello elaboraron, adulteraron y forjaron expedientes, justificativos, documentos e información para sustentar su decisión.

Ante esto Ayerve presentó una demanda ante el Contencioso Administrativo, donde se tramitó hasta julio del 2013, cuando el Consejo de la Judicatura (CJ) emite la resolución 071, disponiendo la desaparición de las salas 1 y 2 de lo Contencioso, donde trabajaban seis jueces.

En su reemplazo se crea la Unidad de lo Contencioso y Administrativo, con 16 jueces, y se dispone que las causas sean resorteadas.

De esto asegura que él no fue notificado, por lo que quedó en la indefensión. Ante ello dice que presentó una acción de protección, que no fue admitida, y luego el expediente del caso desapareció por cuatro años, hasta que por tanta insistencia y acciones consiguió que reapareciera.

“Este expediente logramos recuperarlo hace pocas semanas”, dijo al subrayar que al momento hay denuncias en la Fiscalía y la Judicatura de Transición por este caso. (I)