¿Se puede confiar en la familia? Es una pregunta que tiene respuesta negativa para Karen Naranjo, de 28 años, licenciada en Comunicación Social, quien está por graduarse de abogada. Hace casi 2 años intenta limpiar su prontuario.

Su prima Elena Naranjo, un año mayor, fue detenida el 7 de septiembre de 2013 por los delitos de robo y asociación ilícita, por el atraco en una cooperativa de ahorro y crédito. Astutamente dijo que no se acordaba de su cédula y dio el nombre de su prima Karen.

A la víctima le parece extraño que no se hayan percatado de que esa no era la verdadera identidad de ella y durante todo el proceso haya aparecido su nombre. Elena ya salió libre porque no encontraron elementos de convicción en su contra por el asalto, pero ahora se la busca para que se haga responsable por la usurpación.

Roosevelt Campos, jefe de la Policía Judicial de Guayas, mencionó que cuando una persona es aprehendida, sus datos son verificados en la sección de registro de detenidos del Departamento de Criminalística. “En este caso habría que investigar qué pasó y dónde hubo el error”.

El oficial indicó que si la persona perjudicada ya tiene la documentación, en la que se precisa que ella no tuvo participación en el ilícito, se acerque a cancelar sus antecedentes.

Karen dijo que en la sentencia se detalló que Elena usó su nombre. Le dictaron sobreseimiento; pero eso no la satisface, pues para ella es aceptar que estuvo implicada.

Julio César Cueva, abogado penalista, señaló que el sobreseimiento es una resolución que toma un juez cuando declara que no hay motivos para llamar a juicio.

La joven explicó que cuando su prima cayó presa, su tía la llamó a casa para pedirle sus datos. Extrañada prefirió no decirle nada, pero no se quedó tranquila y averiguó qué ocurría. Ahí se enteró que su nombre había sido mal utilizado. Habló con el fiscal que indagaba a su prima y participó en las audiencias explicando lo ocurrido.

Ahora, la universitaria sigue un proceso en contra de su familiar por la suplantación de identidad. No obstante, teme que no se presente y su récord continúe manchado.

Pablo Cruz, fiscal de Flagrancia, señaló que el funcionario que investigaba el robo debió abrir un proceso por la usurpación de la identidad. “Ella debe ir con la sentencia y pedir que le borren los antecedentes”.

Perdió oportunidades de trabajo, no puede viajar, pero lo que más le preocupa es que en el orden de la carpeta para su incorporación aparece como primer requisito el certificado de antecedentes.

Karen cuenta que su familia paterna dejó de hablarle, pese a que ella trató de llegar a un acuerdo reparatorio. “Me dicen que no tengo piedad de mi prima a la que, según ellos, le ha tocado una vida difícil. No creo que eso sea justificación para tener 4 antecedentes penales y haberme involucrado a mí”. (I)