El presidente de la República, Rafael Correa, está a punto de vetar parcialmente el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y los médicos del país proponen eliminar el inciso tres y cambiar la pena de 1 a 5 años en el artículo 146 que tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional.

Según el Art. 146, la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será determinado por la ley. Habrá pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte de la persona se produce por acciones innecesarias, peligrosas o ilegítimas.

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir lo siguiente:

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de cuidado.

2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas, o lex artis aplicables a la profesión.

3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado.

Este inciso es, precisamente, el que los galenos quieren que se elime de este articulado. La noche del lunes efectuaron un plantón en Quito y Guayaquil para manifestar su reclamo.

Todas  las acciones médicas tienen un nivel de peligro, por ello el texto es muy ambiguo, explica  Alberto Narváez, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana.

El profesional de la salud cuestiona ¿quién decidirá que un acto es ilegítimo, peligroso o innecesario?

Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha,  coincide con esta postura e indica que es preocupante la labor de los jueces o fiscales que deberían conocer casos sobre práctica médica.

Los médicos trabajan con seres humanos cuyos órganos tienen muchas particularidades, manifestó. “Si nosotros tenemos muchas especialidades, imagínese a un fiscal que no conoce a fondo la práctica médica. ¿Cómo va a juzgar y cómo va a  determinar que hubo una falta al deber objetivo de un profesional de la salud?”, se pregunta.

Johana Lara, estudiante de la Universidad Central, considera que se criminaliza la labor médica. “Es tan ambiguo este artículo que  algunos médicos no querrán operar”.

Los médicos remitieron la semana pasada una petición al presidente Correa en la que solicitan la eliminación de la frase que consta en el inciso 3.