Cuatro familiares de los detenidos en el operativo “Avalancha” fueron apresados la tarde del martes mientras protestaban en las instalaciones de la Policía Judicial de Pichincha (PJ-P), por el traslado de sus parientes hacia el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo.

Cristhian León Mendieta, de 26 años; Óscar Pazmiño Aldáz (25), Gabriela Guerrero Aldáz (27) y María Torres Aldáz (29), pasaron la noche en los calabozos de la PJ-P.

Sin embargo, la mañana de ayer, cuando esperaban su liberación, repentinamente fueron trasladados bajo seguridad policial hasta la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Calderón, al norte de Quito.

Uniformados manifestaron que  en horas de la tarde  estaba programado llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos, por acciones de contravención.

Por ese motivo, los acusados podrían pasar un mes en prisión. El juez Juan Pablo Hernández fue  el encargado de la diligencia.

Los familiares protestaron durante varias horas y adujeron que mientras se dan las investigaciones, los detenidos deben permanecer en la capital. 

Sin embargo, Hernández dispuso su traslado porque no había espacio suficiente en los centros de detención en Quito. 

Los presuntos integrantes de la banda de la “Mama Lucha” permanecerán detenidos mientras dure la instrucción fiscal, que es de 90 días.

Algunos de los protestantes alegaron que si bien sus familiares poseen antecedentes penales, ahora se dedican únicamente al comercio  y se han alejado de la vida delictiva desde hace muchos años.

Sobrinos, primos y hermanos de los detenidos, manifestaron que esperarán ver que las investigaciones policiales logren demostrar que todo lo incautado es producto del robo. “Tenemos los papeles de los locales comerciales en regla”, dijeron.

Y añadieron que durante el operativo policial  fueron maltratados y causaron serios daños a las viviendas allanadas.

Pilar Guacho, funcionaria de la administración Zona Centro de Distrito Metropolitano de Quito, indicó que,  junto con la Policía, se procedió a cerrar cinco locales comerciales pertenecientes a Fernando Sánchez Endara, Luis Sánchez Endara, Fernando Sánchez Endara, Hilda Tello y Mario Sánchez.

La operación se realizó basándose en la ordenanza número 72, en la cual se establece que la mala utilización del uso de suelo faculta a las autoridades la clausura de los locales comerciales.

Guacho explicó que cuando se solicitaron facturas de la mercadería encontrada en el lugar, ninguno de los dueños pudo justificar su legal procedencia.