Fiscalía formula cargos por presunto lavado de activos contra María Sol L.
Desde las 08:45 de este lunes 2 de diciembre del 2019 se lleva a cabo la audiencia de formulación de cargos contra la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) María Sol L.
En este caso la Fiscalía acusa a María Sol L., su esposo, su cuñado y 6 empresas relacionadas con ellos que se habrían beneficiado de contratos del IESS por $35,7 millones.
Se trata del sexto proceso legal que enfrenta la exfuncionaria por actos de corrupción en el IESS.
#AHORA | En el Complejo Judicial Norte se instala la audiencia de formulación de cargos contra la exfuncionaria del #IESS, María Sol L., otras dos personas y seis empresas. #FiscalíaEc presume un presunto delito de lavado de activos. pic.twitter.com/f2cCDbw8yf
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 2, 2019
Según la Fiscalía, las 6 empresas que recibieron los contratos millonarios tenían al IESS como su principal cliente. El esposo y el cuñado de María Sol L. figuran como accionistas y directivos de todas las compañías.
En 2018, cuando María Sol L. ya estaba en prisión, recibió pagos de varias empresas. En ese año, ella y su esposo, cedieron participación de 5 compañías a su cuñado por más de medio millón de dólares, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público.
#ATENCIÓN | A las 13:30 se reinstalará audiencia de formulación de cargos por presunto delito de lavado de activos contra María Sol L., 2 personas más y 6 empresas. En su intervención, #FiscalíaEC expuso los elementos de convicción recabados durante la investigación previa. pic.twitter.com/nz8XtGEywO
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 2, 2019
En la audiencia, la Fiscalía solicitó al juez que dicte prisión preventiva en contra de María Sol L., su esposo y su cuñado. También pidió prohibición de enajenar sus bienes y sus participaciones accionarias en empresas.
La exfuncionaria del IESS recuperó la libertad el viernes 29 de noviembre, pero el sábado nuevamente fue detenida con fines investigativos y un juez le impuso medidas alternativas a la prisión preventiva, como prohibición de ausentarse del país y arresto domiciliario, con el objetivo de asegurar su presencia en el desarrollo del proceso judicial.
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