La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, ratificó ayer el pedido del Gobierno para que la Corte Constitucional (CC) reforme el primer inciso del artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos (Cogep), que regula el apremio con privación de la libertad por el incumplimiento de pensiones alimenticias.

La posición del Gobierno respecto a la prisión contra los alimentantes se dio tras la demanda de Javier D., quien padece una enfermedad catastrófica y que por la medida judicial en su contra no pudo seguir el tratamiento médico y fue despedido de su trabajo.

Ante esto, durante el gabinete de seguridad, realizado el jueves último, el Gobierno apoyó el pedido de inconstitucionalidad y resolvió elaborar una reforma legal que será remitida a la Asamblea para diferenciar a los deudores de buena y de mala fe. Los primeros recibirían medidas sustitutivas a la prisión. (I)