Sin duda el 30 de septiembre (30-S) fue una asonada que removió internamente a la Policía, porque si antes ya tenía un  nivel de desprestigio, desde ese día ha aumentado la desconfianza en la institución, un fenómeno que se profundiza  cuando salen a la luz denuncias de corrupción como lo ocurrido con  los cables de Wikileaks, aunque creo que el tema va más allá.

Ese episodio   obliga a la Policía a realizar una serie de  reformas en su  estructura,  legislación y modelo administrativo, que aún no se ven, pues el Gobierno ha tomado una  serie de medidas como  hacerse cargo de los recursos,  que pasó al Ministerio del Interior, la designación de  pases y demás,  pero no es el asunto medular.

Es necesario un cambio estructural que parta desde la legislación, pero desde hace rato está en la Asamblea el proyecto de  Ley Orgánica de la Policía y no se aprueba; también inciden en el accionar policial la falta de reformas al  Código Penal y al Código de Procedimiento Penal.

Al no existir una política de Estado sobre  Seguridad Ciudadana, una decisión principalmente del Presidente de la República, será muy poco lo que se pueda  avanzar en el tema.

Un tema fundamental es la formación del policía, porque se pretende incorporar a cientos de uniformados, pero no es posible  continuar con una capacitación de seis meses. Se ha avanzado en mejorar el aspecto salarial, eso es positivo;  pero los programas de formación  no son suficientes para responder a lo que manda  la Constitución, es decir, que el oficial vea por la seguridad ciudadana.

Necesitamos una Policía civil y no militarizada, por lo que si la investigación de la Fiscalía concluye o no en sanciones, desde mi punto de vista, no es trascendente, porque no es el problema fundamental.