Entre 2012 y 2013 (según archivos) la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) dio de baja a 4 de sus elementos por cohecho, es decir, por recibir de parte de infractores un beneficio económico a cambio de omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones.

Por un delito similar el pasado domingo la Fiscalía Provincial de Guayas inició un proceso penal en contra de otros 3 miembros de la CTE, luego de una denuncia presentada por una fiscal de tránsito que detectó irregularidades cuando tomaban pruebas de alcoholemia y se redactaban los partes informativos por un accidente de tránsito, es decir, que uno de los implicados dio negativo pese a que tenía aliento a licor.

En vista de lo ocurrido, según consta en el proceso, la fiscal le pidió al médico que efectúe un nuevo análisis, al cual él se rehusó, pero debido a la insistencia lo hizo y la nueva prueba resultó positiva.

Luego de esta situación, surgió una discusión entre los actores, y uno de ellos comentó que a un vigilante le dieron $ 200 para que arregle el ‘problema’ del infractor. El dinero lo encontraron en su bolsillo, dice el documento judicial.

Esos elementos sirvieron a la Fiscalía para iniciar la etapa de instrucción, por 30 días, y solicitar la prisión preventiva de los procesados, por el presunto delito de cohecho.

“Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado enumeradas en la Constitución de la República, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años”, dice el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal.

Consejo de Disciplina

El coronel Luis Lalama, comandante del Cuerpo de Vigilantes de la CTE, informó que no adelantará criterios al respecto, pues esperarán el resultado del proceso, y si corresponde, los implicados también pasarán por un Consejo de Disciplina, diligencia que le toca realizar a la entidad.

“Apoyamos la acción de la Fiscalía, no vamos a permitir que miembros de la institución estén involucrados en malos procedimientos”, dijo Lalama haciendo referencia a casos similares comprobados, los que, según indicó, ‘son aislados’.

No obstante detalló que el año pasado 16 elementos de la CTE fueron dados de baja por diferentes motivos, y en lo que va del año van 2, pero están pendientes varios Consejos de Disciplina.

Debido a que este tipo de actos podría generar impunidad, los entes encargados de administrar justicia analizan ciertas estrategias para reducir el índice de causas, en las cuales hay ratificaciones de inocencia por aquellos casos que no llegan a juicio.

Bolívar Vergara, director del Consejo de la Judicatura en Guayas, declaró que si de actos de esta naturaleza son responsables peritos acreditados por la institución, serán excluidos como órganos auxiliares de la Función Judicial.

Agregó que si existen “jueces u organismos de la Fiscalía que incurran en irregularidades en relación al juzgamiento de infracciones de tránsito, procederán a través de los sumarios administrativos”.

Con respecto al caso en alusión, el fiscal provincial Paúl Ponce expresó que no se descarta que inicien otras causas penales en el transcurso de la investigación, pues “los elementos de convicción apuntan otros implicados y delitos”.