La justicia chilena aceptó analizar el cierre de una cárcel de lujo donde cumplían condena 10 militares en retiro condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet y que fue ordenado por el presidente Sebastián Piñera.

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró “admisible” un recurso de protección presentado el viernes en contra de la decisión del presidente Piñera, pero rechazó un recurso adicional que buscaba evitar el traslado de los reos.

Piñera ordenó el cierre del penal Cordillera para satisfacer, a su juicio, tres principios: “La igualdad ante la ley, la seguridad de los internos y el mejor y más eficiente funcionamiento de Gendarmería (policía de prisiones) de Chile”.

La noche del sábado, el mismo día en que se suicidó uno de los 10 reclusos que cumplía condena en el penal Cordillera, se concretó el traslado hasta otra cárcel especial, Punta Peuco, que tiene un régimen carcelario más restrictivo. En el penal Cordillera los internos vivían en cabañas y tenían acceso a piscina y cancha de tenis.